La lucha que desarrolla el pueblo barí por la defensa de su territorio no es una lucha de hoy, tampoco puede ser considerada como un hecho aislado e independiente de su historia y de su ancestral cultura. Podría considerarse que los Barí ocupan la cuenca del Lago de Maracaibo entre 700 a 400 años antes de la llegada de los europeos al continente americano (Arévalo y Wagner, 1986: 308 y Ruddle y Wilbert, 1983:45) y que tienen más de 450 años luchando por la defensa de su vida, de su cultura y sus tierras.

Según el historiador colombiano Jorge Meléndez, estos son los indígenas que posteriormente se conocen con el nombre de motilones, que aparecen en 1549 con la fundación de Pamplona, guerreando a muerte con los conquistadores españoles (1982). Esta situación de guerra termina en 1772, cuando, por intermedio de un barí apresado en 1767 en una incursión militar dirigida por los hermanos Alberto y Manuel Gutiérrez, Don Sebastián Guillen llega a un acuerdo de no agresión con un basto sector de la nación barí, ubicado desde los ríos Santa Ana, Aricuaizá hasta el río Catatumbo (Alcácer A, 1962).

Desde 1772 hasta 1818, gran parte de los Barí de esta región fueron reducidos a misiones capuchinas. Al salir del país los misioneros españoles en 1821 por la Guerra de Independencia, estos barí se reencuentran de nuevo con el resto de sus hermanos en la selva (Meléndez J, 1982) y viven un corto período de paz hasta mediados de 1906, en Colombia, cuando Virgilio Barco inicia la explotación petrolera en la línea fronteriza con Venezuela, en las inmediaciones del río Catatumbo (Canal G, 1940:294-315), y en Venezuela en 1910 (Lizarralde y Beckerman, 1982). Quizás este es el único momento de no agresión foránea, las compañías transnacionales del petróleo Colón Development Company, subsidiaria de la Shell y la Standard Oil de Venezuela, subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey (Creole) y la Caribbean Oil Corporation (Shell) invaden conjuntamente con la COLPET casi todo el territorio barí.

Según el antropólogo Roberto Lizarralde, el territorio barí, para el momento de la llegada de los conquistadores al Lago de Maracaibo, a principio del siglo XVI, tenía una extensión territorial de 33.000 km², para el siglo XVII el territorio era ya de 21.000 km² (1975:2) y 16.000 km² para 1900 (Lizarralde y Beckerman, 1982).

Desde 1910 hasta 1950 los Barí, tanto de Venezuela como de Colombia, se enfrentaron a una lucha frontal por la defensa de sus tierras contra las compañías petroleras extranjeras y contra los colonos que venían poblando los espacios aledaños a las vías de penetración e instalaciones petroleras. Para 1950 los Barí tenían 7.400 km² de los 16.000 km² que poseían para 1900 (Lizarralde y Beckerman, 1982). En Venezuela, desde 1940 hasta 1962 aproximadamente, un grupo de campesinos y hacendados, principalmente de Machiques, La Cañada y Santa Bárbara, desarrollaron una cruel persecución contra los indígenas barí, para despojarlos definitivamente de todas sus mejores tierras. El pueblo barí se desangró en esta desigual lucha por la tenencia de la tierra.

A partir del 19 y 22 de julio de 1960 con la llegada a sus bohíos del antropólogo Roberto Lizarralde y de los Misioneros Capuchinos, respectivamente, los barí vuelven a contraer un nuevo acuerdo de no agresión contra los usurpadores de sus tierras. Esta historia es recogida, entre otros, por el Misioneros Capuchinos Adolfo de Villamañán en las revistas Venezuela Misionera publicadas entre los años 1960-1986, por Robert Jaulin en 1973, Roberto Lizarralde y Stephen Beckerman en 1982 y 1986 y por el Padre Dionisio Castillo Caballero en 1981. Diezmados, con un territorio reducido y amenazado por nuevas despojos, y recientemente penetrados por misioneros y personeros de organismos oficiales, se inicia el vulgar e irreversible proceso de criollización de esta particular manera de expresarse la cultura Chibcha. De sociedades ecosistémicas, pasaron a ser dependientes del Estado, pobres, enfermas y marginadas.

Como resultado de esta forma de asumir las relaciones interculturales con las minorías étnicas indígenas, por parte de la sociedad nacional y el Estado, la ancestral cultura barí se deteriora. Su hábitat ha quedado dividido en dos espacios, uno, denominado desde 1961 Zona Indígena Reservada (ZIR) de 1.470 km² del lado venezolano y 840 km² del lado colombiano, y otro espacio fuera de la reserva, que en el caso venezolano son seis las comunidades indígenas viviendo en minúsculos espacios encerrados como animales en medio de verdes potreros de enormes haciendas fundadas en tierras bañadas por la sangre de la resistencia indígena, son estas El Rodeo, La Frontera, El Edén, Los Bohíos, La Campiña, entre otras.

Hoy la lucha de los indígenas barí, al igual que la de los yukpa, no se encamina, en términos violentos (arco y flecha), sino por medio de la defensa legal, histórica y social, la definición de una justa política de alianza y la movilización de la opinión pública. Hoy la lucha es contra el Estado y el Gobierno, y la burocracia indígena parlamentaria.

Desde mediado de 1985, las comunidades que están fuera de la ZIR gestionan ante el Estado la dotación de dos espacios de tierras por parte del Gobierno, previo pago de las bienhechurías a los hacendados y parceleros presuntos propietarios de los mismos: unas seis haciendas, parcelas y potreros, y un lote de tierras de unas 53 mil hectáreas aproximadamente del piedemonte de la Sierra de Perijá ocupadas por parceleros colombianos y guajiros, comprendido al sur del río Santa Rosa hasta el norte de Río de Oro. Esta última superficie será entendida como una ampliación de la ZIR. Todos estos espacios son tierras indígenas Barí perdidas a sangre y fuego entre 1960 y 1970.

Pero en estos momentos los barí no sólo luchan por recuperar una mínima parte de su territorio ocupado hoy por hacendados y parceleros, sino contra CORPOZULIA, los MEM, MARN, Ministerio de Planificación y Comercio, y la transnacional del carbón Minera MAICCA, C.A., que amenazan con contaminar su hábitat, reducir aún más su territorio y no permitir la adquisición del lote de tierra del piedemonte de la Sierra de Perijá, pues en sus tierras están unas cincuenta mil hectáreas de carbón dadas en concesiones por el MEM a CORPOZULIA y a las empresas Minera MAICCA, C.A, CARBOCA y CONSULMINCA.

Según conversaciones, el miércoles 3 de abril de 2002, en su despacho, con el Ing. Santiago Bautista, actual presidente de CORPOZULIA, estas concesiones están soportadas en fuertes bases políticas y legales. Es decir, deducimos, la explotación del carbón en tierras indígenas va. Es decir no habrán tierras para los Barí ni para los yukpa.

Esta pretensión genocida y etnocida contemporánea por parte del Estado y los capitales transnacionales del carbón, se sustenta en la nueva e incisiva Ley de Minas y su Reglamento, en la vieja Ley de Ambiente, en la cómplice actitud del MARN y en la actitud aguerrida con que la nueva Viceministra de Minas, Elsa Amores Reyes, ha asumida la tarea “personal” de que la minería deje de ser la cenicienta del Ministerio, para ello aspira que su pequeño equipo sea apoyado por los empresarios privados mineros, tal como afirmó en la reunión con inversionistas privados del carbón en el piso 14, Sala de Reunión, el viernes 31 de mayo de 2002. Esta señora todos los martes se reúne o presta su Despacho de Viceministro de Minas para darles información a todas las personas o empresas que tienen concesiones o títulos mineros con la finalidad de agilizar los proyectos.

Esta realidad se complementa con la actitud pro minera de la Alcaldía de Machiques, así como de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional, tal como quedo demostrado en los casos de los puertos carboneros de Santa Cruz de Mara, de Trans-Coal en el municipio San Francisco y el de Puerto América, en el estado Zulia. Así mismo, está actitud está presente en la Ley de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas y en Decreto de la Comisión Presidencial para la Atención de los Pueblos Indígenas donde se demuestra la actitud desarrollista e integracionista del Estado y del Gobierno. En ambos textos lo que se está defendiendo es la presencia de minerales y petróleo en el subsuelo, por ello la presencia en sendas comisiones de representantes de los ministerios de Energía y Minas, Planificación y Desarrollo, Defensa y Ambiente, y el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, en el Zulia CORPOZULIA será el ente sustituto. En el último texto oficial quien preside la Comisión no es un indígena, es el Vicepresidente Ejecutivo, los indígenas están relegados a un segundo plano conformando un Consejo Consultivo. No se tiene información si a estas alturas se ha instalado dicha Comisión Presidencial. Los ochos indígenas que forman la comisión nacional para la demarcación de las tierras indígenas fueron nombrados a dedo, la que representa al Zulia es una enfermera que nunca ha estado en este tipo de luchas, ni tiene la vivencia pertinente que amerita el caso. Será muy duro para los ocho indígenas, miembros de la comisión, derrotar la argumentaciones de los planes desarrollistas de los siete representantes ministeriales defensores de intereses disímiles, será duro hacerles entender que en lugar de carbón, u otro mineral, el piedemonte de la Sierra de Perijá debería quedar para desarrollar cultivos menores y preservar su potencial biogenético e hídrico, esta propuesta no entra dentro de los planes de Puerto América y del Eje de Desarrollo Occidental que viene impulsando este Gobierno, desde estos ministerios, así como los cuatro Gobiernos anteriores, conjuntamente con los capitales transnacionales del carbón.

Pese a que la decimosegunda disposición transitoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “La demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo de la Constitución, se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución” aún es la fecha que no se a cumplido con tal exigencia.

Todo ello hace pensar que los indígenas barí y yukpa no van a tener la tierra que requieren para vivir física y culturalmente; ya un representante del MARN viene informando desde hace dos años en el Zulia que los indígenas deben negociar las tierras con los mineros, deberían exigir, por ejemplo, participar directamente en un 3% del impuesto minero, asociarse en cooperativas del carbón, etc. La lucha continuará.

BIBLIOGRAFÍA

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