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***10.02.06***

Territorio Indígena: Haciendas y parcelas autodemarcadas
Lusbi Portillo

Esta es la solicitud que hicieron los Yukpas y Japreria el 22 de agosto de 2001 y los Barí después, ese mismo año. Sabemos que existen actualizaciones y habría que determinarlas.

PUEBLO INDÍGENA JAPRERIA

Sector Japreria
Comunidad Japreria, cuyas tierras se encuentran ocupadas por las siguientes haciendas: El Totumo. El Chaparrón y Caña Brava.

PUEBLO INDÍGENA YUKPA

Sector Tinacoa
Comunidad Tinacoa, cuyas tierras se encuentran ocupadas por las siguientes haciendas: potrero Los Andes de la hacienda El Mango, hacienda Cuibas.

Sector Aroy
Comunidades Aroy, Shitoi, Manui, Tüjaura, Choreshi, Jurukunaka, Arajamü, Teba; cuyas tierras se encuentran ocupadas por las siguientes haciendas: Puerto Nuevo, El Cofre, San Salvador, La Sierra y Alto la Piedra, vaquera El Mamón y vaquera Guayaquil de la hacienda La Esperanza.

Sector Shirapta
Comunidades: Samamo, Potüchi, Kapko, Mapurki, Cheretmü, Panatshai, Teba, Karnapa y Shirapta; cuyas tierras se encuentran ocupadas por la hacienda El Capitán y la vaquera Erapsha (Campo Alegre) de la hacienda La Esperanza.

Sector Toromo
Comunidades: Toromo, Koropo, Yushuriri, Yapoto­pona, Toyunuku, Shirimi, Ayapaina, Kusare, Novito, Kunana, Manastara; cuyas tierras están ocupadas por las haciendas: Medellín, Maracay, La Lucha, El Higuerón, Campo Libre y La Victoria.

Sector Kasmera
Comunidades: Maraca, Botonche, Neremü, Kuyah, Kasmera, Yarapo, Mikiwu, El Guamo, Manui, Chaktapa, Candelaria, Kampa, Wasama, Purukshi; cuyas tierras se encuentran ocupadas por las siguientes haciendas: Wariompa, Aguas Calientes, Maracas, Maraquita, Rancho Alegre, Medellín, Paja Chiquita, Brasil, Kusare, San Rafael, parcela Palma rejo y Tisina.

Sector Tukuko
Comunidades: Kuse, Chaparro, ponoya, Curubal, Tokuko, Mareba, Peraya, Tayaya, Mayara, Totayonto, Kumipatunshi, shukumo, Santa Inés, Kishashamo, Arabo, Shiritai, Tirakibo, Ipika, Santa Elena de Kinilla, Kanohapa, Kunana Kiushpa, Kiriponsa, Taremo, Yurumuto, Pishikakao, Sasapa y Chapre; cuyas tierras están ocupadas por las siguientes haciendas: La Fron­tera, Galaxia, Brasil, La Victoria, Majumba, Las Palmas, Perijá, Playa Bonita, Las Lilas, Cambuche, La Sierra, La Gran China, Ceilán, Delicias, La Piscina, Las Lomas, Rancho Quemao, Rosario, Cordillera, Calvario, vaquera Delicias de la Hacienda Panamá, Santa Isabel, potrero de la Hacienda Santa Rosalía, Altami­ra, El Carmen, parcelas de La Gloria, Barranquilla, San Salvador, Materita, par­celas de La Estrella.

PUEBLO INDíGENA BARÍ

Las comunidades barí de Bokshí, Orokori, Okshidabú, Ihtanbobó, Araktohba, Somemé, Ishirakbayiroo, Saimadoyi, Barisakba, Dakuma, Bachichida, Kugda­yi, Karañakaek, Yegbachi, ubicadas dentro de la zona demarcada por la pica barí solicitan el reconocimiento oficial de dicho lindero y la afectación de las mejoras y bienhechurías de varias parcelas y las haciendas El Rodeo, Puerto Estrella, El Diamante y Puerto Rico.

- La comunidad Kumanda solicita la afectación de las mejoras y bienhechurías del fundo El Socorro y potreros de la hacienda San Ricardo, y el lotes de montaña donde se encuentra los conucos y lugar de casería y recolección.

- La comunidad Las comunidades Ogtubagdá y Buahssagdari , solicita la afectación de las mejoras y bienhechurías de los fundos Los Bohíos, Buena Esperanza, La Unión, El Paraíso, La Esmeralda, La Virtud, El Carmen, San Pablo, parcelas ubicadas en la antigua hacienda Los Toronjos, San Gregorio y El Oriente.

- La comunidad Kokdakinkae solicita la afectación de las mejoras y bienhechurías de potreros de las haciendas Nueva América, Monterrey y Junín.

- La comunidad Senkae solicita título colectivo de las tierras que actualmente ocupan y la ampliación de las mismas.

- La comunidad Dugdudari solicita la ampliación de sus tierras con la afectación de las mejoras y bienhechurias de la parcela de Elena Cohen.

- La comunidad Ahdoubari solicita la ampliación de sus tierras.

- La comunidad Asogbakaa solicita la ampliación de sus tierras.

- La comunidad Bari que ocupa la parcela 46 del parcelamiento Campo I solicita la regularización de dicha parcela y su ampliación.

- La comunidad Cañaguato solicita la demarcación de sus tierras dotadas con un titulo colectivo.

***10/08/06***

Chávez no puede equivocarse de nuevo con los indígenas
Por: Sociedad Homo et Natura, ANPA/ANMCLA

En este segundo 12 de Octubre, en el marco del Segundo Decenio Internacional para los Pueblos Indígenas del mundo 2005-2015, Chávez no puede entregar títulos colectivos de propiedad de tierras a los indígenas, tal como esperan los Barí, posteriormente los Yukpa y los Wayúu, por que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no se lo permite, al menos que apele a su investidura y se aplique las disposiciones pertinentes de la legislación de expropiación por causa de utilidad pública e interés social.

Chávez debe asumir políticamente la posición del carácter originarios de los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos, y supeditar éstos sobre los “derechos de los beneficiario de derechos mineros” tal como reza el artículo 11 de la Ley de Minas de 1999 o el 13 del Proyecto de Ley Orgánica de Minas hoy en discusión en la Asamblea Nacional.

Tiene razón el presidente de la Subcomisión de Minas de la Asamblea Nacional José Ramón Rivero al afirmar que “Resulta imposible entregar títulos de propiedad de suelos que posee minerales, ya que esa medida contradice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Reporte Diario de la Economía, Caracas 08/08/06:10), tema ya aclarado por la Procuradora de la República, Marisol Plaza, a la ABN el 12/08/2005 en el marco de de la entrega de los primeros títulos colectivos de tierras de los indígenas de Venezuela el pasado 8 de agosto de 2005 “La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas contempla el traspaso de los títulos de propiedad de tierras a esas comunidades y contempla que el Estado puede hacer uso de las riquezas minerales que se encuentran en esos predios mientras no vulnere su hábitat (…), si bien estos ciudadanos son propietarios de los terrenos, también es cierto que existen ciertas excepciones a la regla y más aún si en esos predios existen riquezas minerales. La explotación de los recursos sólo es competencia del Estado (…)”.

Chávez debe convocar al país en razón de que los derechos de los indígenas están primero que los impuestos por los estados nacionales, pues estos son derechos tardíos, que sus derechos de los pueblos y comunidades indígenas son originarios, que en estas naciones amerindia descansa parte sustancial de nuestra identidad como pueblo y nación soberana, que el derecho a la tierra es reconocida por las Naciones Unidas como vinculante al derecho a la vida y a la propiedad colectiva de estos pueblos ancestrales. Que sin el reconocimiento a su diferenciación cultural y biológica, y el de poseer tierra es imposible entender la zulianidad, la venezolanidad o lo americano en este país en revolución.

El llamado al país todo a realizar el presidente Chávez debe estar en función de saldar una de las deudas históricas que tiene la sociedad nacional con estas minorías étnicas, no habrá en nuestra fibra de venezolano mezquindad alguna que nos lleve a no entender este llamado de amor y unidad nacional, salvo los intereses monetarios de los capitales mineros transnacionales imperiales, y de sus lacayos que medran en las instituciones mineras y ambientales del Estado muriente cuarto republicano; y a sus representantes extranjeros se le aplicará la misma medicina de la expropiación por interés nacional, o el pago de alguna indemnización de ser posible. Más cuando el 90% de estas concesiones están en manos del mismo Estado a través de Corpozulia/MPD.

Chávez debe derogar, para tal fin, todas las concesiones carboníferas ubicadas en el piedemonte de la Sierra de Perijá, desde la cuenca del río Socuy en el municipio Mara hasta el norte del Río de Oro, en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, y el pago a las bienhechurías a los ganaderos de todas las haciendas y parcelas que tanto los indígenas Barí, Yukpa y Wayúu del Socuy y Maché han autodemarcado como sus territorios ancestrales o tradicionales según indica la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas.

***02/09/06***
Ahora le toca a los Barí, luego a los Yukpa y más tarde a los Wayúu del Socuy
Indígenas Bari exigen derogación de las concesiones mineras del carbón

Chávez de nuevo engañará a los indígenas

Una nueva trampa jurídica se está cocinando para el próximo 12 de Octubre, ya no en comunidades indígenas ubicadas en el centro y sur del país tal como ocurrió el año pasado, esta vez le toca a los Barí, moradores ancestrales de la Sierra de Perijá del estado Zulia.

La Comisión Técnica contratada por el Ministerio del Ambiente (MINAMB) para demarcar los territorios de este grupo étnico de filiación lingüística Chibcha, no puede comprometerse por orden ministerial con los líderes de las comunidades indígenas en medir los espacios que ellos autodemarcaron como sus territorios ancestrales, tal como lo señala la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica de Comunidades Indígena, mucho menos asegurar el pago de las bienhechurías a través de cheques para pagar a cada uno de los ganaderos o parceleros que hoy ocupan los territorios señalados por las comunidades Barí, tanto del piedemonte perijanero como en ambas márgenes de la carretera Machiques-colón.

La limitación más angustiante de tal situación es que el MINAMB está preparando los títulos de “propiedad” colectiva a ser entregado al pueblo Barí por el señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, sin haber derogado el presidente las concesiones de carbón que están dentro de los territorios indígenas autodemarcados, tal como lo han exigido los indígenas en más de diez años de movilización permanente, ratificada de nuevo en Miraflores después de realizarse la Marcha Indígena el jueves 31 de marzo de 2005 y el viernes 27 de enero en el marco de VI Foro Social Mundial Caracas 2006.

Ante el Plan A y B Gubernamental se impondrá el Plan Barí

Los personeros contratados en esta comisión, para cumplir con los objetivos ministeriales, inventaron un macabro y anti nativo Plan A y B; la parte A es entregar el próximo 12 de Octubre, por el Presidente Chávez, sólo las tierras donde están ubicadas las viviendas y conucos de cada una de las comunidades ubicadas entre los potreros de las hacienda o en los mismos espacios físicos donde el ya desaparecido Instituto Agrario Nacional (IAN) a partir de los años 70 les había entregado títulos con sus respectivos levantamientos topográfico.

La llamada Pica Barí se entregará sin corroborar linderos, sin hacer el censo de haciendas y parcelas incluidas, sin pagar las bienhechurías y sin derogar las concesiones de carbón de CORPOZULIA, y a las empresas privadas Corporación Carbones del Perijá, C.A., Minera MAICCA, C.A., Carbones Occidentales, C.A. (CARBOCA) y Consultores Mineros, C.A. (CONSULMINCA), que hacen un total de 88.978,15 hectáreas de superficies del territorio Barí en piedemonte de Perijá, de los cuales los lotes MAICCA VI y MAICCA VII de la empresa estadounidense y japonesa Minera MAICCA, C.A. están a 100 metros del lindero este del Parque Nacional Perijá, y los dos lotes finales ubicados en la margen norte del Río de Oro, son del Proyecto Río de Oro de CORPOZULIA y están dentro del Parque.

Posteriormente del 12 de Octubre, después del acto presidencial de entrega de títulos de “propiedad” de tierras a los Barí, estos señores contratados aseguran medir todas las haciendas y parcelas auto demarcadas como territorios Barí y hablar con el Presidente Chávez para que se disponga a entregar los cheques a los hacendados y parceleros, y derogue las concesiones de carbón, este es el denominado Plan B.

Estos planes no son más que una vulgar trampa, una manera de asegurar tierras para los hacendados (productividad) y para los capitales transnacionales energéticos-minero y portuario-viales, dentro de los negocios que el Presiente Chávez viene pautando con el resto de los países de América del Sur, en especial con la empresa estadounidense brasileña Vale do Rio Doce, y ahora Asia, que ya cuenta con el dinero asignado a CORPOZULIA para construir los puertos carboneros Bolívar (Puerto América) y Catatumbo en el Golfo de Venezuela y en el Sur del Lago, poblado Encontrado, respectivamente, así como las vías ferroviarias desde las minas hacia dichos puertos buscando así los mercados del Atlántico, dentro de la estrategia imperial de la IIRSA y el Plan Puebla Panamá.

Los indígenas se sienten engañados y se preparan para la lucha final

En el II Encuentro de Comunidades Indígenas del Estado Zulia realizada en la ciudad de Machiques el sábado 1 de julio del presente año, el representante de la comisión gubernamental, Ing. Yun Lobo, anunció que existía la disposición de la señora Ministra del Ambiente, Ing. Jacqueline Faría, quien es también la Coordinadora Nacional de la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas, de cancelar el pago de las bienhechurías a los ganaderos y parceleros cuyos predios quedaban dentro de los espacios autodemarcados por las indígenas Barí, Yukpa y Wayúu, y que se estaba trabajando en la derogación de las concesiones de carbón desde la mina Socuy hasta Río de Oro.

Esta afirmación hizo bajar la guardia no sólo de los indígenas zulianos, sino de los mismos ecologistas luchadores frontales contra los planes de expansión carbonífera y de su infraestructura en el Zulia. La sorpresa (o traición) se da después de las primeras conversas y reuniones, entrega de información, elaboración de censos y mapas mentales, y la realización de dos engañosos programas sobre la demarcación denominados Los Mangos que hoy se presentan en Vive TV Zulia. Al terminar esta etapa, los señores contratados encargados de medir los territorios y de colocar los respectivos botalones se negaron de medir las tierras ancestrales a las que aspiran rescatar cada una de las comunidades, como expresión de una minúscula parte de sus territorios originales despojados por los ganaderos a finales de la década de los años 40. Logrando neutralizar así cada comunidad por separado, imponen de tal manera los criterios del Plan A y B.

Los Barí de la comunidad Kumanda rompe la estrategia gubernamental

Avisados de cómo venían trabajando la comisión contratada por el MINAMB, los dirigentes de la comunidad Kumanda no se dejaron encerrar como animales en una porción de unos potreros de la hacienda Caño Negro (antigua hacienda El Edén), exigien la medición de todo el espacio auto demarcado como su territorio, y el pago inmediato de las bienhechurías de las hacienda el Socorro y los seis potrero de la hacienda Caño Negro, de las montaña donde cazan y poseen sus conucos, así como el acceso al río Aricuaizá, de lo contrario no asistirán al acto presidencial del 12 de Octubre.

La comunidad sentó a los ganaderos y una parte de la comisión gubernamental el martes 22 de agosto de este año y acordaron la necesidad de permitir medir estos espacios y el pago de las bienhechurías, de lo contrario los hacendados Gutiérrez y Urdaneta no están dispuesto a permitir la ocupación de estos predios por los indígenas.

Solicitando de inmediato los dirigentes indígenas la presencia de los responsables de la comisión gubernamental, el día viernes 26 de agosto a las cinco de la tarde llega a la comunidad el Sociólogo Daniel Castro, quien se compromete a elevar esta petición a la comisión, paro sin garantía de que la misma sea aceptarla como tal.

Este pasado jueves 31 de agosto de nuevo el sociólogo y un abogado llamado Maikol, contra ofertando, propusieron entregar sólo tres potreros de la hacienda Caño Negro y la montaña donde están los conucos, con un total de superficie de 200 hectáreas.

No pudiendo convencer a los dirigentes indígenas de la comunidad Kumanda, ni mucho menos a los de Karañakaek, se fueron derrotados, con el amargo sabor de que el acto del 12 de Octubre está prácticamente cancelado, por lo menos en lo que respecta a las comunidades y dirigentes de base del pueblo Barí.

Estas acciones de la comisión gubernamental está soportada en el principio de la productividad que encierra toda la propuesta agraria del nuevo estado revolucionario, por ello la necesidad de sanear las tierra, no de minas y derechos de terceros en los territorios indígenas, sino para la alta producción agropecuaria, que contrasta en una relación de oposición con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas, por esta razón la propuesta entonces de minúsculos espacios para vivir.

Ante una movilización final en puerta que podría terminar en la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante esta referencia valiente de los dirigentes de Kumanda el resto de las comunidades Barí exigen al MINAMB medir ya los espacios autodemarcados y la entrega de cheques por las bienhechurías para cada uno de los ganaderos y parceleros afectados por la auto demarcación, y aquellas comunidades que no pudieron expresar libremente sus propuestas de manera verbal y a través de los denominados mapas mentales sus peticiones sean reconsideradas, para así poseer en verdad verdad lugares de caza, recolección y pesca, y no sólo donde están sus viviendas y sembradíos.

El MINAMB está actuando al margen de las leyes nacionales e internacionales

En verdad, si entregan títulos de propiedad colectiva de la tierras a los indígenas de la comunidad Kumanda o Karañakak saneadas, libres de minas y ganaderos (derechos de terceros), tendrían que entregarles así a todas las otras comunidades Barí lo mismo, luego a los Yukpa y a los Wayúu del Socuy, y así, a todos las comunidades indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, a esto es a lo que se refería con preocupación en la reunión en Kumanda uno de los miembros de la comisión “habría una conmoción en el país”.

Pero en verdad, no hay otro camino sino el de la justicia social, el saldar la deuda histórica que tiene la sociedad nacional mayoritaria y el país con estos pueblos originarios, que están antes del estado nacional, de lo contrario Chávez y el Gobierno todo, traicionaría a la patria de Bolívar, a la Constitución, y a Guaicaipuro.

Para proteger intereses del modelo cuarto republicano minero portuario vial, de enclave minero exportador, y de los pudientes ganaderos el Gobierno se pretende sacrificar a los indígenas y al ambiente, entregándoles tierras donde se respeten derechos de terceros, en este caso, como el de los Kariñas, de hacendados, parceleros y mineros.

No hace falta una revolución para entregar conucos y espacios de viviendas, ya esto se había logrado en las movilizaciones a partir de los años 70, cuando Pérez y Caldera.

A nivel de la jurisprudencia lograda a nivel internacional, por ejemplo en la ONU o en la OEA el derechos a la tierra para los indígenas está vinculado sustancialmente al derecho a la vida, a la propiedad colectiva; más cuando este grupo étnico fue prácticamente diezmado por las empresas petroleras y los hacendados en la resistencia contra el modelo de producción que exactamente hoy la revolución quiere profundizar en nombre del Socialismo del Siglo XXI.

***07.09.06***

Carta Abierta a Sergio Rodríguez, Secretario General de la Comisión Nacional de Demarcación, y Francisco Cedeño, Coordinador General del Equipo Técnico
Lusbi Portillo - Sociedad Homo et Natura

Maracaibo, 4 de septiembre de 2006

Los indígenas del Zulia, en especial el pueblo Barí, desde hace varios años se movilizan para que el Estado venezolano los dote de tierras, y les derogue las concesiones mineras de carbón que amenazan sus territorios ocupados actualmente y los autodemarcados.

La antropología contemporánea, Lizarralde & Beckerman, la prensa regional, Panorama, recoge con cierta precisión, y el mismo Salvador de La Plaza en unos de sus libros sobre el Problema de la Tierra, explican de cómo las empresas exploradoras y extractoras de petróleo (Shell y Creole), y posteriormente hacendados y campesinos, diezmaron a sangre y fuego y despojaron del 90% de sus tierras a los indígenas Barí, dejándoles 1.600 Km2 para mediados de 1910, apenas 1.942 Km2 en Venezuela y 840 Km2 en Colombia.

Hoy en Venezuela, nueve comunidades viven en medio de verdes potreros de haciendas y otras en el piedemonte de la Sierra de Perijá y en el Valle de Abusanqui, auto demarcadas con la colaboración de Roberto Lizarralde como la conocida Pica Barí.

Ahora, los que viven en el piedemonte, están nuevamente amenazados por los planes de exploración subsiguiente explotación carbonífera que capitales privados y el Estado venezolano llevan a cabo a través de CORPOZULIA.

Por justicia social, esta comisión técnica que hoy instrumenta la demarcación de tierra Barí debería medir las haciendas y parcelas que las comunidades Barí solicitan, hacer los respectivos avalúos y solicitarle a la señora Ministra Ing. Jacqueline Faría que eleve ante el Presidente Chávez el pago de dichas bienhechurías y la derogación de todas las concesiones de carbón de CORPOZULIA, conocidas con el nombre de Proyectos Tukuko-Aricuaizá y Río de Oro, así como las de las empresas privadas Minera MAICA, CARBOCA, COSULMINCA y Corporación Carbones del Perijá.

Para esta acción política, el Presiente Chávez puede apoyarse en las leyes nacionales y los acuerdos o protocolos internacionales firmados, algunos de ellos encaminan y asocian el derecho a la tierra para los indígenas al derecho a la vida.

Desde de mayo de 1985, venimos un grupo de ciudadanos preocupado por esta situación, colaborando con los pueblos y comunidades indígenas del estado Zulia en aras de buscar una salida al problema de la tenencia de la tierras indígenas, en la búsqueda de la construcción de la justicia y la paz, y este es el momento exacto de conseguir de una vez por todas la solución de este histórico problema, y ya los indígenas y nosotros vivimos una experiencia anterior.

En 1997, cuando la Dra. Lucía Antillano y su asesor abogado Ricardo Dorado, hoy Ministro del Trabajo, lograron desde el Senado de la República, con todos los organismos vinculados a los indígenas, tierra, frontera, seguridad y ambiente un acuerdo escrito para que cada año se compraran las bienhechurías de todas las haciendas, de estas mismas haciendas hoy auto demarcadas, y se comenzó a comprar las haciendas como El Trébol, Los Chorros, entre otras; para esta fecha sólo el problema de la derogación de las concesiones carboníferas estaba en el tapete, y este es un compromiso que en cierta manera el Presidente Chávez y la Ministra Faría han comenzado a asumir públicamente, hasta el mismo General Martínez que hoy ocupa la presidencia de CORPOZULIA. Poseemos dicha información de manera escrita y en audiovisual, por si hace falta.

Esperamos de ustedes la mayor amplitud posible para que juntos comencemos a entender que es necesario saldar la deuda con estos pueblos, que son anteriores al estado nacional, una deuda histórica, y saber que sin tierras todos los otros derechos reconocidos son letras muertas, pues sus economías y su espiritualidad están consustanciadas con sus territorios.

http://www.soberania.org/Articulos/articulo_2512.htm

***09.09.06***

Para no seguirle el juego al imperio y no faltar a su palabra.
Chávez no debería ir el 12 de Octubre a Saimadoyi

Alguien debería decirle al Presidente Chávez que se le lleva a la Sierra de Perijá a un despeñadero electoral, donde su imagen de líder no va a ser favorecida, todo lo contrario, pueblos ancestrales exigirán unidos una vez más justicia, en esta oportunidad rechazando los títulos de propiedad colectiva de la tierra ya que las exigen libres de ganaderos, parceleros y de minas carboníferas, tal como el 11 de noviembre de 1999 se le exigió y el se comprometió “<Se revisarán las concesiones carboníferas concedidas por los gobiernos anteriores y aquellas que amenacen el equilibrio ecológico serán rescindidas porque no podemos permitir que se destruya la Sierra de Perijá> así lo afirmó de manera enfática el presidente de le república Hugo Chávez Frías, en su visita a la población de Saimadoyi, ubicada en la zona fronteriza del estado Zulia con Colombia” (La Verdad, Maracaibo,12/11/99).

En la reunión confabulada este jueves 7 del presente mes en la ciudad de Maracaibo por las comisiones Regional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas coordinada por el Ing. Mauro Gil y la Comisión Técnica coordinada por Yul Lobo, ambos representantes del Ministerio del Ambiente (MINAMB), con los dirigente Barí Avelino Korombara, presidente de ASOCBARIVEN y Abrahán Sobayera y Osorio Eskambio representantes del pueblo Barí en dicha comisión regional, también ex-presidentes de la asociación Barí, a espaldas del pueblo Barí firmaron los expediente sobre los cuales la Procuraduría General de la República emitirá los títulos de propiedad colectiva del hábitat y tierras indígenas Barí.

Cuando el señor Lobo el viernes 8 septiembre se presentó en la sede de la asociación indígena ubicada en la ciudad de Machiques, sufrió en carne propia el mismo rechazo que los días 25 y 31 de agosto del presente año el sociólogo Daniel Castro en la comunidad Barí de Kumanda había sufrido, también como miembro de la Comisión Técnica.

En ningún momento el pueblo Barí va aceptar otra propuesta que no sea la dotación de tierras libre de minas, ganaderos o parceleros, y para esto exigen al Presidente Chávez Frías la derogación de las concesiones de carbón, la mayoría de estas otorgadas por el Estado a una de sus corporaciones, CORPOZULIA adscrita la Ministerio de Planificación y Desarrollo, y el pago previo de las bienhechurías a ganaderos y parceleros, de lo contrario no asistirán al acto político buscador de los 10 millones de votos programado para el 12 de Octubre, no recibirán los títulos y seguirán en su pelea por la recuperación de sus territorios que el mismo Estado permitió a petroleras transnacionales y ganaderos arrebatarles a sangre y fuego.

Es falso lo que le dice la Viceministra del ambiente a Yul Lobo de que no hay dinero para pagar las bienhechurías de haciendas y parcelas, en todo caso lo que no hay es la voluntad política de entender la necesidad de saldar la deuda histórica que tiene el país todo con esta minoría étnica amerindia de filiación lingüística Chibcha, diezmada por la Shell y Creole (1910-1940) y posteriormente por ganaderos de Machiques, la Villa del Rosario y La Cañada de Urdaneta (1940-1970), este mismo Estado fue cómplice de este genocidio, etnocidio y ecocidio contemporáneo, que hoy pretende de nuevo implementar para defender intereses de capitales energético mineros del carbón, y sanear las tierras perijaneras para la productividad (el capitalismo en el campo) que se sustenta en la Ley de Tierra y en toda la parafernalia jurídica del país bonito.

Solicitamos a todos los luchadores sociales del mundo unirnos para acompañar al noble pueblo Barí en su lucha por sus territorios. Sin territorio el Estado y el Gobierno violan el derecho a la vida de los Barí, Yukpa, Wayúu, Añúu, Pemón, Yanomami…

***12.09.06***

Demarcación bajo tutela o Autodeterminación con dignidad.
Por: Homo et Natura, ANMCLA, Colectivos Alternativos, Comunidades al Mando-PNA
Supervivencia de las culturas primigenias de la serranía de Perijá frente a los compromisos entre las Transnacionales mineras y el Estado venezolano.

Con un profundo desconocimiento cultural, social, jurídico, antropológico y humano sobre el ecosistema selvático y los orígenes de asentamiento de las comunidades Barí, la comisión de demarcación y el Estado venezolano actual atenta en contra de la existencia y modos de vida de los pueblos primigenios de la Sierra de Perijá, en nombre del proyecto político que lidera Hugo Chávez, y las viejas utopías modernas de bienestar y progreso.

La comisión de demarcación, Coordinada por Licenciado Yul Lobo, Coordinador Técnico de la Comisión de Demarcación de tierras y habitat indígenas Zulia comenzó, y finalizó, con muy mal pie el proceso de demarcación señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (con más de 4 años de retrazo) en ley de demarcación y garantía del habitat y tierras de los pueblo indígenas y en la Ley Orgánica de pueblos y Comunidades Indígenas.

En Comunidades Barí de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela, como Senkae, (Rio Negro) Bakugbari y kumanda la misma mirada de indignación y desesperanza de cada uno de sus miembros a causa de los títulos endebles y reduccionistas que comprometen su existencia como pueblo con identidad, cosmovisión, lengua y cultura propia se pudo constatar en nuestra última visita.

En la comunidad de Senkae, por ejemplo, tal comisión, según la propia palabra de sus habitantes, decidió medir solo el espacio donde se encontraban las casas, dejando por fuera, los espacios religiosos, de caza, de pesca y todo lo que conforma parte del territorio que por siglos, (los Barí ocupan aproximadamente la cuenca del Lago de Maracaibo entre 700 a 400 años antes de la llegada de los europeos (Arévalo Liliam y Wagner, Erika La serie Berlinoide de la cuenca del Lago de Maracaibo y sus nexos culturales, 1986) ha estado bajo la influencia cultural Barí.

Las autoridades legítimas de esta comunidad, solicitaron de forma oral a la comisión de demarcación que integrara al proceso de medición, todo lo relacionado a sus actividades culturales y de supervivencia, pero la comisión no acepto, puesto que demarcar los espacios indicados por los miembros Barí de esta comunidad, sería “afectar” propiedades de terceros (parcelero y ganaderos de la zona). Estas parcelas ahora se encuentran en posesión ilegítima de la hacienda Valle Verde, sin embargo, la comisión de demarcación, pese a la solicitud del cacique Alberto Romero y pese a que la comunidad posee titulo (Entregado por el Instituto Agrario Nacional como titulo definitivo colectivo de propiedad.) que confirma la pertenencia de tal espacio, se negó rotundamente a medir e integrar dentro del informe de la misma los espacios señalados y sugeridos legítimamente por la autoridad de la comunidad de Senkae. Bajo la justificación de que son derechos de terceros, la comisión regional de demarcación de tierras y habitat indígenas, cerró la petición soberana de la comunidad Barí de Senkai, argumentando que no era necesario crear problemas con los ganaderos y dueños de las haciendas y el informe Jurídico con fecha septiembre de 2006 y realizado por Maycolt Briñez, Carlos Trejo y Thayri Acevedo sobre los conflictos encontrados entre los terceros y/o productores agropecuarios con la comunidad Barí, se señala sobre Senkae que:

“…los miembros de la misma comunidad intentaron dividir el territorio para quedar este formado por tres parcelas y con ello lograr desmembrar la comunidad y conseguir sus intereses particulares, como era vender una de las parcelas a los propietarios de la hacienda La Milagrosa, ubicada en las adyacencias de la mencionada comunidad Barí, ocasionando con esto grandes diferencias entre los que apoyan como aquellos que no apoyan la venta”.

No obstante en el informe socioantropológico de la comisión técnica de demarcación, realizado por Ávila Lismeiry, Carrillo Patricia, Medina Yainet, Carrero Mauro, Castro Daniel y Galindo Guillermo y aprobado por el Lic. Yul Lobo, Coordinador Técnico de la Demarcación Zulia en su diario de campo de Senkae, (que acompaña la elaboración del mapa cognitivo) se señala que:

“Los hacendados atacaron esta población hace 40 ó 50 años. Les quemaron las chozas (Soa´kai) varias veces, pues varías veces intentaron ocupar el lugar (…) Proponen la conversión del título que poseen en tierras comunitarias indígenas…”

Entre ambas perspectivas, la jurídica y la socio antropológica, preguntamos ¿cómo es que se señala, en el informe jurídico, que los miembros de la comunidad de Senkae intentaron dividirla y lograr un desmembramiento, para alcanzar intereses particulares y por el otro lado, en el informe socioantropológico, se señala que los mismos miembros de la misma comunidad “Proponen la conversión del título que poseen en tierras comunitarias indígenas a pesar de tener aún memoria del despojo y la persecución hecha por los hacendados? ¿Ante qué tipo de contradicciones humanas, científicas y técnicas se encontró la Comisión de Demarcación del Zulia? y realmente ¿A qué tipo de intereses respondieron?

En la actualidad en uno de los parcelamientos de Río Negro, en la hacienda Arga, cuando sus habitantes salen a cazar tienen que atravesar parte de las mismas y en alguna de sus entradas se encuentran apostadas varias alcabalas, (con hombres armados) dispuestos por los hacendados. En tiempos de revolución y de guerra contra el Latifundio, los Barí, para poder ejercer una de sus actividades que les asegura la existencia y que los define como grupo étnico, tal y como lo han hecho durante siglos, (estaríamos hablando de más de 900 ó 1000 años de existencia en la región occidental de Venezuela) tienen que pedir permiso (a los hombres de las alcabalas) para llegar hasta sus lugares de caza, de religión, de cosmovisión.

José María Marcano, segundo cacique nos cuenta: “Nadie nos deja pasar por allá…nos acusan de robo (robar ganado). No nos dejan pasar por allá. Ni danta, ni cochino e monte podemos cazar ya por ese lugar, por la hacienda Valle Verde. Son los mismos que vigilan, los que no nos dejan pasar, quienes se roban (nuestros animales, como el galápago).” “Los viejos nos han contado mucho….. continua su relato José María, “hay muertos, cadáveres en el potrero de la hacienda, donde vivíamos antes”, la hacienda el Socorro es una de ellas; otros ancianos – decía el segundo cacique – cuentan que allí hay historia de nuestros muertos, nuestras persecuciones. Han asesinado, tenemos cicatrices de eso”. (Documento audiovisual registrado los días 25, 26 y 27 en las Comunidades Barí, Senkae y cumandá, Maracaibo, Venezuela 2006 )

El asunto es que para el asombro de los habitantes de Senkae y para quienes nos sentimos aliados de la lucha indígena en estas tierras, la comisión de demarcación de tierras y habitat indígenas solo demarcó los espacios donde se encuentran las casas de los Barí, para evitar conflictos con los hacendados (según palabras de los miembros de la misma comisión). Esta estrategia descabellada, además de contradecir los derechos e intereses que amparan a los Barí, así como a los demás pueblos y territorios indígenas de Perijá y de América Latina, parece haber salido del mismo pensamiento racista y excluyente judío - anglosajón quien ha demostrado que la solución para los conflictos de territorio, cultura y cosmovisión distinta a la occidental y capitalista, consiste en la rendición o asimilación de un grupo étnico a la cultura y sociedad dominante (o mayoritaria) o en la creación de muros (como los que se levantan en Israel para separar a palestinos de judíos, o el que se levanta en las fronteras de Estados Unidos y México para detener la inmigración latina) o reservas indígenas (como las que implementó el estado gringo en los siglos XIX y XX) o en la demarcación actual más parecida a un campo de concentración que a un territorio que ha estado influenciado por la cultura Barí durante siglos. ¿Campo de concentración? Sí, o ¿cómo se le llama a un espacio vigilado por alcabalas, financiadas por los “dueños” de las tierra? ¿cómo se le dice al espacio que el Estado demarca para que los indígenas vivan ya no como habían vivido, sino como este dice? ¿cómo se le dice al asentamiento de un grupo étnico, que además de ser vigilado y culpado de todo lo malo que ocurre en esa zona, tiene que convivir con la amenaza inminente de la explotación de minas de carbón y el cercado progresivo por parte de parceleros y ganaderos armados?

Según los testimonios de los miembros de las comunidades Barí nombradas anteriormente, la comisión de demarcación de tierras y habitat indígenas, ha entendido que el proceso de demarcación debía orientarse a:

a) Indicar como habitat y tierra de los Barí solo los espacios donde se encuentran las casas, es decir, solo donde se encuentran las construcciones habitacionales de cada comunidad. El espacio de las casas es la frontera para la demarcación, no más de allí.

b) Sostener en conversaciones, e incluso en programas televisados, con los miembros de las comunidades Bari (cuando estos han mostrado resistencia a que el proceso continúe bajo esas condiciones) que las tierras que demarcan son de la nación y no de las comunidades indígenas (tal como lo indica la misma CBRV).

3. Demarcar, si y solo si, de acuerdo a condiciones innegociables de:

1) no afectar a terceros (hacendados, parceleros y concesiones mineras) y

2) ampliar o incluir haciendas, potreros y extensiones que indiquen los miembros de la comunidades, solo si se aceptan que ni la comisión, ni el Estado da garantía o seguridad de la compra o negociación de tales extensiones.

Ahora bien, ¿es descabellado o un absurdo que la comisión de demarcación entre en este tipo de contradicción? ¿está la comisión de demarcación de tierras y habitas indígenas del Estado Zulia violando algún articulo de la Ley de Demarcación de Tierras y Habitat Indígenas (LEDTHI) o de la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas (LOPCI) o de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)? Pues lastimosamente pensamos que en parte No. Ni contradicción, ni mucho menos ingenuidad, pues por un lado existe improvisación, desconocimiento socio-cultural y asimetría entre lo que la comisión de demarcación piensa, cree y hace y, lo que realmente ocurre, esperan y viven los miembros de las comunidades indígenas de Perijá y por el otro, los miembros de tal comisión tienen plena conciencia de que obran bajo los intereses foráneos, mostrados ahora como intereses patrióticos, a estas comunidades y pueblos, lo cual está en consonancia a un mal profundamente espiritual que sufren todos aquellos que hablan, actúan, piensan y viven como gendarmes nocturnos del Estado.

Observemos cómo cada uno de estos puntos responden a una lógica bien manejada por la estructura administrativa y jurídica del Estado venezolano en particular, y, en general, como estrategia de supervivencia de la misma concepción moderna de Estado – Nación tutelar en América Latina frente al avance de las fuerzas neoliberales del mercado global.

1.- Reacomodo Geopolítico

Ningún Estado – Nación del mundo, mucho menos en estos especiales momentos, ningún Estado Latinoaméricano está obligado a desobedecer el reacomodo geopolítico que las fuerzas capitalistas multinacionales han emprendido después de la Segunda Guerra Mundial y en especial y con mayor énfasis, luego de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas. Todos y todas han entrado, unos más lentos y con mayores desventajas y ventajas que otros, al llamado Nuevo Orden Mundial o rompecabezas geopolítico Mundial. En mayor o en menor grado, Venezuela, pese al discurso antiimperialista y contrahegemónico del actual gobierno, ha entrado concientemente al juego multinacional del mercado y como todo juego, requiere, debe y es “necesario” que entre, bajo las reglas de quienes inventan el juego, con todos los recursos energéticos y parte de una producción estratégica bajo el brazo. (Herbert I, Schiller, Bases para un nuevo siglo de dominio norteamericano, en Geopolítica del Caos; 200).

2. – ¿Integración Patriótica?

En el aspecto regional ayer Comunidad Andina, hoy Mercosur, Venezuela entra dentro de las relaciones de producción profundamente capitalistas y neoliberales que ningún periodo de la historia la registraría como etapa más decisiva para los pueblos que habitan el “margen” de la cilvilización Occidental. En bloque o en solitario, todo intento de unir o integrar los Estados Nacionales en Latinoamérica lleva el signo del capital implícito, lo cual hace interpretar que la integración comercial, no es más que la integración de volúmenes de producción, que a su vez compiten con otros volúmenes de producción de otras partes del mundo. (Ceceña, Ana Esther y Barreda Andrés, Producción estrategica y Hegemonia Mundial).

Esto, la integración en bloque, lo que permite es alargar el periodo de vida de los Estados Nacionales, y en los momentos actuales, permite entrar dentro de las relaciones de negociación global en una posición aparentemente no asimétrica y desigual que si se entrara bajo otras condiciones, (ALCA y TLC) o en solitario. Es decir, el bloque de países, supone crear un mercado común para los mismos, pero el objetivo se orienta a la negociación del volumen, lo que quiere decir, mayor producción, mayor explotación, mayor exclusión. El capital, la productividad comercial, la mercancía y los medios de producción (y los gobiernos corporativos que lo manejan) son quienes al fin y al cabo determinan las nuevas y sanguinarias reglas del mercado internacional.

Ante ello, el costo humano, de esta integración “patriótica” (como quiso demostrar el Estado Venezolano y el Gobierno de Hugo Rafael Chávez en la IV de la IIRSA efectuada en Caracas, Julio 2004) no es relevante. No es relevante que poblaciones enteras se hundan en el vacío dejado por más de 100 años de exportación petrolera. No es relevante que poblaciones indígenas enteras hayan perdido su territorio lacustre primigenio en aras de dar paso al bienestar de la sociedad nacional; tampoco es relevante la indignación de poblados enteros ante el paso de tendidos eléctricos, vías férreas, puertos, gasoductos, puentes o cualquier otro proyecto vendido ahora y siempre con sello nacionalista. Nada de eso aparece en los diarios de campo o en los Informe de la actual Comisión de Demarcación como cifras o aspectos relevantes en la configuración de la memoria de los pueblos indígenas de Perijá. Mucho menos, el costo humano aparece en los informes de supervisión de las transnacionales o en los medios de comunicación nacionales y privados. ¿por qué? Debido a que todo ello obedece a una misma lógica de supervivencia del mismo y agotado sistema capitalista y todo lo que implica el modo de vida neoliberal. ¿modo de vida neoliberal? Pues si, debido a que sigue siendo un absurdo mantener la idea de que neoliberalismo es solo parte de un sistema económico o un periodo degradado del capitalismo. (Lander, Edgardo, ciencias sociales, saberes coloniales y eurocéntricos en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, 2000) De manera que, las cifras del ecocidio es asunto y moda de los ambientalistas “come flores” o de algunas corporaciones conservacionistas encargadas de amortiguar, negociar o desviar la atención de la opinión pública, pero no de los Estados Nacionales porque ellos (los Estados) Negocian en términos de producción y ganancia. Los estados nacionales se encargan del reacomodo político, económico, ideológico y jurídico y de su perpetuidad como poder centralizado (y racional) con clases burocráticas (diputados, legisladores y políticos) y clases económicas (nacionales y extranjeros) claramente privilegiadas, que se presentan en el escenario Nacional y mundial como sujetos únicos y en plena “capacitación” (que equivale a meritocracia) de manejar los asuntos de gobierno, política y finanzas.

En el paquete de recursos estratégicos y energéticos con los cuales Venezuela entra en el intercambio megacapitalista del mercado neoliberal, el motor de arranque y el pasaporte a la mesa de los “grandes” es la producción, (y seguirá siendo por un tiempo estimado). Es decir, lo que a los tecnócratas que hoy venden la integración comercial de América Latina como planes hiperpatrióticos, les interesa es el crecimiento en términos productivos (y como sabemos toda producción en el marco del sistema capitalista se hace sobre la base de la explotación y en consecuencia de la ganancia, el valor y la utilidad) en fin más de lo mismo o de lo ya sabido.

Así, el lugar de nuestro país en el amplio y bizarro almanaque del tiempo neoliberal todos los hombres y mujeres deben ser seres sujetos a tales reglas, algo así como piezas claves, unidades de producción o engranajes de la gran maquinaria asimétrica que, pese a la devastación dejada en el siglo pasado, sigue cojeando hacía los caminos del espejismo desarrollista.

3.- Mercado, pacto de Estado y supervivencia de los pueblos indígenas

Dentro de esta lógica del mercado internacional y en conformidad con el mantenimiento de un orden interno nacional, es completamente “natural”, para quienes manejan el Estado, que este habiéndose fundado dentro de los márgenes e ideologías de expansión capitalista y colonial, quiera (y lo haga) manejar y controlar todo lo que dentro de su territorio geográfico ocurra y se desplace. En contraposición a las ideas neoliberales de que el Estado, debía dejar paso a la empresa privada, debido a que este era un muy mal gerente, (un mal administrador, según tal perspectiva), cosa contraria que se jactaba de demostrar las acciones del empresariado privado, no queda otra salida que: a) Fortalecer la concepción del Estado con la implementación de políticas e ideologías nacionalistas y b) Negociar (dentro de esos términos) con las fuerzas capitalistas emergentes (y no tan emergentes) en el escenario mundial. Es decir, con el fortalecimiento nominal del Estado, las relaciones de poder no cambian, sino que por el contrario se ahondan y la brecha social que separa a unos grupos con respecto a otros, (la vieja pero imperante y actual luchas de clases) crece, debido a que es el mismo poder manejado pero desde otra dirección sobre la plataforma capitalista neoliberal. Más aún, cambian las concepciones de gerencia, pero la fabricación de productos, sigue siendo en serie, con amplios márgenes de ganancia y sobre la misma explotación humana. Ante las imperantes ideas de que dentro del mercado todo se vale, ante la convicción de los tecnócratas, o ante los eufemismos de un “Mundo Multipolar” los grupos burocráticos y todos aquellos gendarmes que trabajan desde el Estado como vendedores de prosperidad, se extiende, familiariza y legitima la idea de que es dentro del mercado que la supervivencia de los pueblos puede lograrse.

Los Estados cumplen la función de Negociar con los gobiernos corporativos que nunca han tenido nacionalidad, ni conciencia social, ni compromisos políticos con nadie, salvo con quienes les aseguren, bajo la condiciones y reglas del mercado, que puedan operar libremente en territorios considerados para ambos (Estado y Transnacionales) como espacios vacantes para la intervención del capital mundial. Se crea un pacto entre los gobiernos corporativos y el Estado, que vive en el espejismo de su fortalecimiento, mientras se socavan las bases de su propia soberanía originando mayor dependencia material, alimenticia, educativa, tecnología y política. Un ejemplo de ello, lo constituye la implementación de empresas mixtas, un pacto corporativo entre el Estado Venezolano y las Transnacionales Petrolera, como la solución “patriótica”, o la más eficiente, al desbarajuste realizado por gobiernos anteriores en la principal empresa energética del Estado Venezolano.

La negociación entre Estado y Corporaciones se hace pacto y no consenso, ni acuerdo, ni mucho menos convenio, porque sella las condiciones donde una de las partes acepta entrar bajo las reglas asimétricas que propone el negociador o quien inventa el juego. La palabra “pacto” proviene de latin Pactum, que quiere decir convenio o tratado, en la segunda acepción se refiere al modo o a una manera de acordar algo. El pacto, está relacionado con el participio de pacisci de la misma raíz de paz, pues su derivados como Pactare (Latín Vulgar) está relacionado con la manera convenida en el pago de un tributo o el tratado que se hace para convenir la paz. Es obvio, por tanto que en el “juego” de las Transnacionales sea el Estado venezolano quien obtiene el lado más delgado de la cuerda. Su pacto es en función de convenir una paz momentánea a cambio de un pago representados por todos los recursos energéticos de la nación.

Para que la cuerda no se reviente y el Estado quede fortalecido en su espejismo, pero tambaleante en su programación y permanencia pactada en el tiempo, cambia las reglas de su orden y control interno, es decir, modifica, de acuerdo a las reglas del mercado global, todo el sistema o conjunto de leyes que definen el régimen político del Estado y por donde se suponen orientar todas sus instituciones.

En Venezuela esta modificación del sistema de leyes de 1999 entra sin mayores complicaciones dentro de los márgenes pactados entre el Estado y las Transnacionales. Ninguna de las leyes que se desprendieron de la modificación o reestructuración constitucional de 1999 se ajusta a cambios verdaderamente profundos o revolucionarios, pues si bien se ha logrado mayor participación y menos apatía política de las mayorías, cada una de estas leyes se ajustan, sobre el dolor de las minorías étnicas, a la perpetuidad del sistema y modo de vida neoliberal.

En tales sentidos, y a pesar del maravilloso preámbulo constitucional donde se asumen los objetivos de refundar y establecer una república “una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural” todo lo que está relacionado con los pueblos originarios indígenas y que se manifiesta en leyes como “Ley de Tierras”, ley de demarcación, ley de Pueblos y Comunidades indígenas, ley de pesca, no hay ni media letra o articulo que defina, respete y parta de elementos culturales tan esenciales y definitorios de la étnicidad de cada grupo como el territorio, la lengua materna o la cosmovisión de cada uno de estos pueblos en conformidad a la cultura dominante y en beneficio de su existencia en el futuro. Todo lo que se establece en cada una de estas leyes no tienen nada que ver, más allá de lo nominal, con lo Pluricultural y con lo Multiétnico y mucho menos con el protagonismo y la participación directa (y no representativa y desvinculada) de los miembros de los pueblos indígenas que se encuentran en territorio venezolano. ¿qué decir de las culturas afrodescendientes? ¿qué decir de la impune matanza de dirigentes campesinos? ¿para qué hablar de la economía de los pueblos pesqueros de la cuenca del Lago de Maracaibo afectados por la destrucción sistemática del estuario?

Una república que se refunda en función de las mismas voces burocráticas del poder y en donde el indígena que “dibujan” las leyes relacionadas a su existencia, es uno sui géneris, con la posibilidad de que se le consulte en la ejecución de proyectos o en la participación de su proceso de demarcación de tierras (y no de territorios), pero que en definitiva aparece sin voz, sin pensamiento, sin autonomía, excepto las que aparecen en las postales del folclor turístico, puesto que la última acción, voz y voto la tiene el Estado y sus burocracias, sus trampas y pactos. ¿qué clase de democracia o de socialismo se construye sobre la base del olvido de que en su geografía se asientan más de 34 grupos étnicos con cosmovisiones distintas, con lenguas maternas distintas, con pensamientos distintos y con territorios (aún vírgenes) distintos del moderno – capitalista occidental que tanta destrucción ha hecho en el mundo?

Todas estas leyes y cada uno de sus artículos están pensados, redactados y establecidos para la reproducción del sistema capitalista, para su continúa marcha devastadora sin importar pensamiento distinto, ni cosmovisión distinta, ni lengua materna distinta, es decir, sin que lo frene ninguna refundación de la patria, ni ningún nominalismo multiétnico o pluricultural dentro de una Constitución.

El proyecto de Estado Nación moderno es uno homogenizador, que desde el establecimiento de los territorios coloniales hasta los proyectos independentistas y liberales, las culturas no occidentales de este continente, deben asumirse como partes integradas a las ideas, pensamientos y creencias de las burocracias políticas gobernantes. Sin duda, la identidad, la cosmovisión, el territorio y la cultura en toda su amplia diversidad de los pueblos indígenas queda hoy puesta nuevamente al servicio de proyectos totalizadores e integracionistas del Estado venezolano como también del proyecto globalizador del capital.

Por eso, el reconocimiento del territorio (y no de las tierras o del suelo) de los pueblos indígenas por parte del Estado venezolano, en su constitución y en las acciones racistas y reduccionistas de la Comisión de Demarcación Zulia, no pasa de ser un mero saludo a la bandera, pues en ese mismo reacomodo de las fuerzas capitalistas internacionales, el Estado al convenir productividad y ganancias con las Transnacionales Energéticas, tiene que Negociar lo que este señala y reconoce como su geografía como Nación, cosa que asegura su existencia como administrador omnipresente, (o de gerente universal) al creer distribuir elementos tan concretos que van desde la renta petrolera, hasta categorías tan indivisibles como la dignidad, curiosamente esta última sujeta siempre, según las categorías tanto de gobiernos anteriores como el actual, al valor que se le da a la obtención o posesión de recursos propiamente materiales otorgados o financiados por él.

Si en la refundación de la república se partiera desde el pensamiento, la cosmovisión, entiéndase bien cosmovisión y no visión del mundo, de la comprensión epistemológica e histórica de su territorio y la relación de este con cada lengua materna de los pueblos indígenas de Venezuela, entonces estaríamos en las puertas de un verdadero cambio revolucionario. Un repensar la patria, no ya desde la acción burócrata de legisladores y políticos privilegiados, sino desde un cosmosaborear diverso, tolerante y liberador.

Pero la comisión de demarcación del Estado Zulia ni lejanamente pensó en beneficio de las comunidades y pueblos indígenas Barí de la Sierra de Perijá, sino que obedeció las ordenes, cómo solo lo saben hacer los funcionarios de un Estado Policial, en conformidad con lo establecido a las ley de demarcación, a la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Obedientes al proyecto de país que señala el artículo 1 de la CRBV, la Comisión de Demarcación del Estado Zulia acata la orden de persuadir a las comunidades indígenas para que se “integren” al mismo, dentro de los márgenes jurídicos pensados y establecidos por los mismos que mandan y engañan, aceptando que:

1.- Se les encierre en espacios reducidos (y anteriormente demarcados), caso Kumandá, Bakugbari y Senkae.

2.- La propiedad entregada en los títulos colectivos no es en su totalidad de los Barí,( a pesar de que es uno de los pueblos establecidos en el territorio, antes de la fundación del Estado) sino de la Nación venezolana, debido a que sólo se reconoce la existencia del suelo y la tierra, es decir, la superficie pertenece a los pueblos indígenas, pero el subsuelo es del infierno del Mercado Global energético.
3.- Se sujeten a las “nuevas reglas” donde la mayor suma de felicidad está en la productividad, (Ley de Tierras) el valor (LOPCI), la dependencia financiera con el Estado (Misión Guaicaipuro) y el cambio definitivo e irreversible de su cultura (etnocidio oficial y progresivo).

Lizarralde y Beckerman señalan en sus investigaciones que en el siglo pasado la lucha que mantuvieron los Barí con la cultura dominante (del lado venezolano) y en particular con las empresas petroleras como la Shell y Creole entre los años 1910 y 1945, luego desde 1945 a 1970 con los hacendados y campesinos, redujo su territorio de un millón 600 mil hectáreas (entre Venezuela y Colombia) a cuatrocientas mil hectáreas (Lizarralde, Roberto y Stephen Beckerman, Historia contemporánea de los Barí, 1982). Más aún y ante semejantes antecedentes, la Comisión de Demarcación (Zulia), en virtud de creer que cumplían con su labor al “regatear” los pocos espacios que hoy ya le restan a los Barí, o al anunciar planes que ni los propios miembros de la comisión creían, e incluso al condicionar el mismo proceso de Demarcación, cometen el mismo crimen que tanto las transnacionales del petróleo, como los hacendados y campesinos colonos del siglo pasado hicieron. Pero no conforme con ello, aunque habitat y tierra son términos complejamente reduccionistas para culturas antecesoras al orden colonial capitalista del siglo XVI y más recientemente a la conformación de los Estados – Nación modernos, en la LOPCI, (Ley Orgánica de Pueblos y comunidades Indígenas) tanto el habitat como las extensiones de tierras, no se limitan al asentamiento de caseríos indígenas, como lo ha hecho ver la Comisión de Demarcación de Tierras (Zulia), lo cual sumaría que los informes entregados por la misma no son propiamente creados, ni nacidos en el proceso de autodemarcación indígena y bajo las aspiraciones de cada comunidad Barí, sino de las aspiraciones y acatamiento de ordenes de los miembros de la comisión a los pactos Corporativos entre Estado y Transnacionales del carbón. Por lo que no es humanamente justo que como condición sine qua nom se le exija a los miembros de las comunidades indígenas de las Sierra de Perijá que en sus nuevos reductos terrestres deben convivir en plena paz con terceros (hacendados y parceleros) viejos y presentes enemigos de la cultura Barí, confinados a respetar el uso pactado de sus territorios ancestrales entre el Estado venezolano y las Transnacionales del carbón. El pacto, corresponde del lado Barí en particular, más de 50.000 hectáreas dadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia) y a las empresas Minera MAICCA, CA. CARBOCA y CONSULMINCA, lo cual representa en el aspecto general unas 230 hectáreas de superficie del Piedemonte de la Sierra de Perijá y Casigua El Cubo, con la finalidad de aumentar la exportación del mineral negro a 36 millones de toneladas métricas de carbón al año. (Portillo, Lusbi Los Proyectos Carboníferos amenazan la demarcación de las tierras de los indígenas, Documento de la Ong. Homo et Natura, Maracaibo Venezuela 2002).

Todo esto sin duda agravia aún mucho más las condiciones actuales en la que sobreviven los pueblos indígenas que se encuentran en territorio venezolano (Caso Kariña), y en particular las del Estado Zulia, (Sierra de Perijá y zonas lacustres del Estado Zulia) puesto que la demarcación hecha, pensada y controlada por el Estado y el gobierno que encabeza Hugo Chávez origina además situaciones de mayor dependencia para las mismas en un plazo de tiempo no muy lejano.

Tales situaciones, como el otorgamiento de créditos y cambio drástico de su economía y practicas culturales o la aceptación de los Planes propuestos por la Comisión de Demarcación para que aceptaran sus condiciones reduccionistas (Plan “A” y Plan “B”) puede que incrementen la participación de las comunidades y pueblos indígenas, (en los términos pasivos y maleables que indica la CRBV) pero sus decisiones, aspiraciones, deseos y voluntades dejan de ser vinculantes en los sentidos de su autonomía como pueblos con culturas, lenguas, relaciones parentales y territorios diversos con derecho a su autodeterminación. Dicho de otra manera, el proyecto de país al que obedecen todas las acciones que se desarrollen en territorios indígenas necesita de unos indígenas mucho más pasivos, domesticados, productivos y disociados de los convenios, resoluciones, declaraciones y tratados del derecho internacional, para ser insertados como “unidades productivas” en el marasmo de la Globalización comercial.

El asunto es que en los territorios (y no las tierras) que el Estado Venezolano admite como parte de su territorialidad nacional y que Negocia con las Transnacionales del Carbón se encuentran naciones indígenas, siendo además estos espacios geográficos estratégicos y abundantes en biodiversidad y en recursos y reservas acuíferas. De allí que el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas que se encuentran dentro del joven Estado venezolano, implica el reconocimiento y la aceptación por parte de este a que las comunidades y pueblos indígenas puedan “ejercer control y autoridad sobre el conjunto de los recursos y sobre los procesos sociales que allí se dan” tal como lo indica el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su Documento Preparatorio sobre Derechos Indígenas, que no por casualidad hoy resisten en la última frontera hasta donde los arrinconó el establecimiento de la colonia y que desde hace poco menos de 200 años las políticas reduccionistas, los programas de asimilación, el asistencialismo y los proyectos de integración nacional del Estado Venezolano.

Lo que tratamos de decir es que el Estado venezolano, ni mucho menos el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, no puede, ni debe menoscabar, en nombre de proyectos desarrollistas materializados en las concesiones minero – carboníferas de todo el pié de Monte de la Sierra de Perijá, la vida de los pueblos indígenas (Barí, Yukpa y Wayú) sus recursos de agua potable y su abundancia diverso – biológica por encima de todos los acuerdos, derechos y convenios internacionales tanto en materia ambiental como en materia de derechos humanos y protección de minorías étnicas, puesto que ni el Estado, ni el gobierno se conforman bajo la creencias de ser entidades absolutas, eternas y desvinculadas de los deseos, esperanzas y logros individuales y colectivos que configura una República que se pronuncia a favor de lo Multiétnico y lo Pluricultural.

Responsable son los miembros de la Comisión de Demarcación, por sus engaños, su reduccionismo técnico, solapado de patriotismo y por su seudocientificismo neocolonial. Responsable es el Gobierno en Pleno de Hugo Chávez Frías, por el pacto no consultado, no acordado con las comunidades y pueblos indígenas y por la oportunidad de ser consecuente en estos justos momentos con su prédica revolucionaria y antiimperialista. Responsables somos todos (estudiantes, universitarios, movimientos ecológicos, luchadores sociales, etc) de la desaparición drástica o progresiva de culturas milenarias como la Bari, por seguir militando desde un silencio cómplice y no abrir espacios para el dialogo, la disertación y el compromiso verdadero con la palabra empeñada, la democracia en términos pluriculturales y la acción directa efectiva y conciente entre todos los pueblos y culturas que se sientan dueños legítimas de sus territorios.

En conformidad a todo lo expuesto, hermanos y hermanas del País, del continente y del mundo entero, desde una conciente solidaridad, único y poderoso instrumento de los desposeídos y derrapados de la tierra, hacemos un llamado de alerta y enlace con otras luchas tan dignas como las que han librado nuestros pueblos primigenios por más de 500 años de colonialismo y ahora neobolivarianismo neoliberal de las Transnacionales del carbón y sus ejecutores internos, para que:

1.- Denunciemos, en instancias internacionales, las agresiones por parte del Estado Venezolano y sus comisiones actuales de demarcación al Derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas conforme al Derecho Internacional.

2.- Fortalecer los espacios para el discernimiento en democracia, sin solapamientos partidistas, que se aborden y repiensen temas como: la soberanía, la tierra, los territorios, los pueblos indígenas, la energía, la educación, la participación popular autónoma y conciente, los medios comunitarios, la representatividad burocrática de anteriores y actual gobierno, la biodiversidad y la problemática del agua, entre otros.

3.- Construir y ejecutar propuestas alternativas de convivencia, mercados y conocimientos locales, al modelo y forma de vida neoliberal coincidentes tanto en los planes gubernamentales como en los opositores.

4.- Sumarnos a la lucha de los pueblos y comunidades indígenas en un proceso de demarcación originariamente desde su memoria de despojo, movimiento cultural vinculado a su territorio y conocimientos locales de los ecosistemas selváticos, áridos y lacustres.

Hoy los únicos caminos que han conocido y fortalecido los movimientos sociales son la solidaridad conciente y la indignación orientada a la invención de nuevos procesos educativos, tecnológicos y políticos ligados al discernimiento sobre el nacimiento de las condiciones de exclusión y explotación actual.

Hermanos y hermanas tenemos que detener la aceleración del tiempo por parte de los tecnócratas neoliberales del gobierno y la oposición, cuando aluden que no existe tiempo para discutir, para detenerse a hablar con los compañeros que no piden ni aceptan limosnas. Ellos, que ahora y siempre se han sentido dueños del país y de nuestro futuro, hoy hablan de no “tener tiempo para tanta democracia”.
Lamentablemente, hermanos y hermanas, no solo en las “urgencias” políticas coinciden gobierno y oposición, sino en la gestación de planes desarrollistas, sin consultas vinculantes, en los pactos con las transnacionales, y en la pacificación obligatoria de viejos y culturales enemigos en nombre de la integración.

POR TODAS NUESTRAS LUCHAS…SEGUIMOS MOVILIZADOS!!!

TERRITORIOS INDÍGENAS SIN MINAS DE CARBÓN, NI GANADEROS CON CAÑÓN !!!

AUTODEMARCACIÓN INDÍGENA CON DIGNIDAD Y AUTODETERMINACIÓN CON ESPERANZA Y GARANTÍAS!!!

PODER POPULAR Y RESISTENCIA CULTURAL
FRENTE A LOS PACTOS ENTRE LAS TRANSNACIONALES Y EL ESTADO VENEZOLANO

POR EL CAMINO DE LAS COMUNIDADES

http://www.aporrea.org/medios/a25209.html

***18.09.06***

En la lucha por sus territorios:
Los barí y todos los pueblos indígenas de Venezuela seguirán el camino de Kumanda
José Ángel Quintero Weir

I.- Los antecedentes.
En el marco del proceso constituyente de 1999, al arribar su Asamblea al capítulo correspondiente a los derechos de los pueblos indígenas el debate suscitado puso en evidencia el pensamiento eurocéntrico, neoliberal y racista que regía, no sólo en buena parte de los asambleístas sino que, asimismo, definió la esencia del proyecto constitucional chavista en su conjunto como el rumbo que en este sentido tomaría posteriormente el gobierno. Algunos diputados más que otros, se destacaron por su vena anti-indígena, ello, sin distingo de que fueran militantes del oficialismo o de la oposición, pues, en este punto, quedaba claro que ambos sectores coincidían en la decisión de que los derechos de los pueblos indígenas venezolanos deben ser regateados y minimizados hasta un extremo que les obligue a su desaparición cultural.
Tal coincidencia entre oficialismo y oposición quedó registrada en las declaraciones del General Visconti y Jorge Olavaria, por mencionar sólo a dos de los más prominentes representantes de ambos bandos. Estos llegaron a la conclusión de que no era posible reconocer a los indígenas la condición de pueblos, pues, ello implicaría el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y autonomía así como de su legítimo derecho a poseer y administrar su propio territorio según el sentido de su cosmovisión y el desarrollo de sus formas de producción y cosmovivencia.
Sin embargo, también es necesario decir que sus argumentos se sustentaron en criterios de estudiosos e intelectuales tales como Luis Britto García quien, entre otros, ha llegado a plantear en una burda manipulación retórica, la existencia de una especie de condición secesionista (casi por naturaleza) de los pueblos indios del país. Tal visión pareciera reiterar una observación hecha por Díaz Polanco, quien al respecto señala que, este miedo a la presencia autónoma de los pueblos indígenas está vinculada a “una obsesión política por el carácter “incompleto” o “inauténtico” de la nación misma, dada la persistencia de los grupos étnicos. Y (...) como corolario de lo anterior, la búsqueda afanosa de fórmulas que permitan “completar” o “integrar” a sociedades cuyo tejido es socioculturalmente heterogéneo, esto es, la observación de tal heterogeneidad como un estigma, como defecto de la nación que debe ser superado” (Díaz-Polanco 1991:17). Un reconocimiento contrario según estos oficiosos intelectuales gubernamentales constituiría un severo golpe al cuerpo del Estado-nación o, por lo menos, a su inaceptable debilitamiento.
Si a toda esta retahíla le agregamos el hecho del silencio cómplice y cobarde de una burocracia indígena encabezada por Nohelí Pocaterra así como de otros allí presentes más por el dedo omnipotente de Chávez que por decisión autónoma de las comunidades y, quienes se encontraban más pendientes de la vigilancia de sus particulares beneficios que en abrir y profundizar un debate crucial para sus pueblos, queda claro entonces, tal como terminó siendo, que a los pueblos indígenas no se les reconocería sino como culturas diferentes, con una lengua propia y unas tradiciones en un sentido casi folklórico pero jamás, en el sentido que la categoría pueblo posee en el derecho internacional y, por tanto, se consagró constitucionalmente la negación de su derecho a un territorio propio y por esta vía su derecho a la autonomía, su dignidad y libertad.
En su defecto y en consonancia con el razonamiento impuesto, la Asamblea Nacional Constituyente decide que estos pueblos, así folclorizados, no alcanzan a tener derechos político-territoriales sino apenas derecho a un hábitat; es decir, a un espacio mínimo, suficiente para reproducirse biológicamente. Así, sus derechos políticos quedan reducidos a la dudosa categoría de “usos y costumbres” los que han de ser ejercidos, únicamente, dentro de sus espacios territoriales así reducidos; vale decir, dentro del hábitat que, a posteriori, y según los mismos criterios eurocéntricos, racistas y etnocidas, estos pueblos recibirían de manos del Estado.
En consecuencia, se hacía necesario definir cuáles y, sobre todo, hasta dónde alcanzarían a llegar estos hábitats, pues, así concebida tal disposición no corresponde a un acto de justicia hacia los pueblos indígenas sino de alcanzar un objetivo fundamental para el Estado, como lo es, la necesidad de producir un reordenamiento del territorio en función de su planificación geo-económica y política en el contexto y, por imposición, de los intereses de la globalización.
Las disposiciones transitorias aprobadas por el constituyente establecieron un tope de dos años para la demarcación de los hábitats indígenas los que se contarían a partir de la aprobación de la Constitución en referendo nacional; por tanto, la fecha límite de la misma estaba señalada para el año 2002. Sin embargo, el carácter globalizador y de política colonial interna se pone nuevamente en evidencia no sólo en el hecho del incumplimiento de tal disposición constitucional, sino que previo a cualquier intento por demarcar los hábitats indígenas se produce la aprobación de la llamada Ley de Tierras, la que sin lugar a dudas fija conceptualmente la orientación a seguir tanto para la dotación de tierras a los campesinos, como para el posterior proceso de la futura demarcación espacial indígena.
De esta manera, el soporte conceptual de la mencionada Ley de Tierras no será otro que el de la productividad, la que es colocada por encima de las necesidades de consumo interno, el mercado nacional o, mejor dicho, de nuestra soberanía alimentaria. Ello no significa otra cosa que la Ley de Tierras se hizo en función de una productividad medida según parámetros del mercado externo, la gran agroindustria y, por supuesto, de las inversiones transnacionales.
Ahora bien, aparejada con esta idea de productividad, Chávez y sus adláteres dejaron muy en claro, y así lo refrenda la ley, que no habría tierra para campesinos improductivos (léase invasores), por ello, cualquier invasión de tierras sería castigada, pues, según sus palabras: “no es posible la productividad en la anarquía”. Así, el campesino “invasor” ha sido castigado con la pena de perder todo derecho a la tierra. Al mismo tiempo, el gobierno adelantaba aceleradamente el proceso de otorgamiento de nuevas concesiones de tierras, así como el reconocimiento de anteriores adjudicaciones a grandes transnacionales mineras, madereras y de plantaciones para pulpa de papel, tanto en tierras altamente productivas y a las que aspiraban grandes poblaciones campesinas, sino también dentro de espacios territoriales indígenas aún por demarcar.

Como muy bien puede observarse la demarcación territorial indígena desde su origen estaba sujeta desde el Estado; por un lado, a una concepción eurocéntrica, racista y etnocida según la cual, estos pueblos deben, obligadamente, desaparecer mediante un proceso de integración impuesto desde y por el poder del Estado. La aplicación del mismo supone mecanismos por medio de los cuales se les suspende jurídica, política y culturalmente la vida como naciones constituyentes de un Estado evidentemente plurinacional y aún, con una existencia previa al Estado mismo. Se trata, con todo, de una especie de colonialismo interno aplicado por el Estado y del que, tanto políticos de oficio, intelectuales de “izquierda” y “derecha”, así como una dirigencia indígena burocratizada y vendida a intereses contrarios a sus pueblos se encargan de aprobar, justificar y hasta imponer a sus propios hermanos.
Por otro lado, la justa lucha que en defensa de sus territorios los pueblos indígenas venezolanos han venido pagando con sus vidas a lo largo de la historia, Chávez, tramposa y manipuladamente, muy bien que la hizo coincidir con sus propias ambiciones de permanencia en el poder y, en consecuencia, con el proceso impuesto por intereses financieros, industriales y energéticos transnacionales; por lo que, la demarcación de los territorios indígenas quedó así atado a la llamada política de reordenamiento territorial, el cual está estrictamente vinculado a necesidades de ocupación de espacios ahora importantísimos para la inversión de capitales y el mercado mundial, lo que no significa otra cosa que el control de espacios de agua, energéticos y de biodiversidad por parte de las transnacionales y no a necesidades nacionales, mucho menos, a las necesidades de los pueblos indígenas venezolanos ancestralmente ocupantes de tales espacios y en los que han sobrevivido en virtud de sus economías autónomas y de subsistencia.
Perder de vista esta falla de origen tanto por parte de los pueblos indígenas como de sus aliados no indígenas, no sólo contribuyó a la fabricación y sustentación de una esperanza ficticia, un sueño de opio que el gobierno tenía bien claro jamás podría ni quería cumplir, sino que con ello los pueblos indígenas y sus aliados se maniataron y desmovilizaron, contribuyendo por esta vía al fortalecimiento de los lazos entre el gobierno y la dirigencia indígena burocratizada y vendida; por lo que ahora, cuando el rostro neoliberal y etnocida del gobierno se muestra clara y contundentemente, tanto los pueblos indígenas como sus aliados, se encuentran en una posición de desventaja que los coloca en el disparedero de la emergencia organizativa y de lucha.
Máscaras han caído. Rostros rotos han quedado en el piso de la historia. Corazones al descubierto que, tanto indígenas como aliados llegamos a considerar por momentos como hermanos en esta larga lucha se han desbaratado en el rigor de los acontecimientos. Pero no nos detengamos, pues, a pesar de ello y, para decirlo con palabras de un viejo indio yaqui: “no hay nada como estar entre la espada y la pared. Sólo cuando estamos entre la espada y la pared nuestro espíritu se templa y se potencia en acciones increíbles”, lo que es igual al decir de un antiguo canto de guerra añú: “Que no piense el enemigo que estoy muerto/ sólo porque me ve en el suelo de tierra/ sin respirar/ casi sin fuerzas. Sólo un pequeño aliento necesito/ sólo un respiro/ una palmada hermana en la espalda/ y/ la vida volverá a mí como una tromba/ de mi corazón brotará la palabra/ y de mi brazo/ la muerte a todos nuestros enemigos”.

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***20.09.06***

II. Los hechos: el camino de Kumanda
José Ángel Quintero Weir* / Soberania.org

El 11 de octubre de 2005 una movilización de indígenas barí, yukpa y wayuu del Zulia llegó a Caracas para solicitar una entrevista con el Presidente de la República. En ella esperaban solicitar la derogación de todas las concesiones minero-carboníferas que tanto éste, como anteriores gobiernos otorgaron a empresas transnacionales en sus territorios aún no demarcados según lo establecido por la Constitución.
Chávez no los atendió. Dicen que se encontraba ocupado atendiendo nada menos que a Diego Armando Maradona. Sin embargo, la protesta indígena fue cubierta por los diferentes medios de comunicación. Esperanzadas, las comunidades esperaron por alguna respuesta del presidente, especialmente, porque al día siguiente sería la conmemoración del 12 de octubre. En efecto, Chávez habló, pero no para referirse a las exigencias de los indígenas del Zulia, a éstos ni los mencionó. En su defecto y, en una hábil maniobra lanzó su decreto de expulsión de las nuevas tribus del país. En el mismo contexto, Chávez hizo entrega de supuestos títulos de tierra a algunas comunidades Kariña en el oriente del país. Por esta vía, no sólo se quitaba de encima la protesta de los indígenas del Zulia, sino que aparentaba un acto de soberanía con la expulsión de los “religiosos” norteamericanos y aparentaba avanzar en el cumplimiento del mandato constitucional de demarcar y titular a las comunidades indígenas de sus territorios.
La opinión pública incluyendo la de intelectuales como Mosonyi y otros vinculados a esa vieja lucha contra estos supuestos religiosos se volcaron a opinar, aplaudir y saludar la decisión presidencial, pero de la lucha de los indígenas del Zulia contra la violación de sus territorios entregados a transnacionales carboneras no dijeron ni una sola palabra. Los diputados indígenas plegados al partido de gobierno pero que se mantienen a espaldas de las luchas de sus propios hermanos, también callaron y siguen callando. En fin, la salida de Chávez tuvo su efecto: la lucha y movilización de los indígenas del Zulia salió de los medios y fue sustituida por los que hablaban a favor o en contra de las Nuevas Tribus.
Sin embargo, a poco tiempo de haber sido entregados los títulos a los Kariña, éstos se vieron en la obligación de impulsar demandas sobre terceros presentes en los espacios que les fueron reconocidos. Esta demanda de los Kariña se ha topado con un obstáculo insalvable jurídicamente, pues, el propio título entregado por Chávez, reconoce y deja claro que “Los derechos legítimamente adquiridos por terceros y las actividades que en virtud de ello desarrollen, dentro del área demarcada, se ejercerán con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes de la República”. En otras palabras, es en el propio título de propiedad donde el Estado les obliga a aceptar la presencia e intervención de terceros sobre sus tierras, desconociendo así la larga historia de despojo territorial que todos los pueblos indígenas han sufrido y, por el contrario, se legaliza tal despojo.
Por si fuera poco y en el mismo documento se establece que: “La explotación y aprovechamiento de los minerales y recursos del subsuelo propiedad del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de la Comunidad...de conformidad con lo previsto en la Constitución y en la ley, así como en los convenios suscritos y ratificados por la República”. En otras palabras, la presencia indígena sobre sus tierras está sujeta a la conveniencia económica del Estado en cuanto a la explotación de recursos presentes en el subsuelo, el cual se reserva como propiedad, pero además la sujeta a convenios internacionales (llámese concesiones) que el Estado haya firmado con transnacionales o gobiernos extranjeros, para lo cual, hasta ahora, jamás se ha consultado previamente a las comunidades afectadas. Por otro lado, la mencionada cláusula presente en el título chimbo otorgado a los Kariña no señala cómo se hará posible que una explotación minera no afecte a la comunidad. Es evidente que se trata de un falso discurso, perversamente demagógico. En fin, el acto de supuesta reivindicación al pueblo Kariña y el título que les fue entregado no se corresponde sino con una farsa que, no sólo burla a la comunidad sino que viola flagrantemente sus derechos.
Ahora bien, en el marco de la campaña electoral y la búsqueda a muerte de los 10 millones de votos, Chávez se prepara para un nuevo acto demagógico y que tendrá lugar en la Sierra de Perijá. Esta vez los escogidos para la burla son los barí, esos mismos que se atrevieron hace un año a aguarle la fiesta del 12 de octubre.
En este sentido, se designó una comisión para la demarcación de los territorios barí en la Sierra de Perijá. Sin embargo, el equipo de medición y demarcación vino esta vez muy bien adiestrado; vale decir, esta vez no incluirían dentro de la demarcación ningún espacio de tierra en la que estuviera presente alguna hacienda o lote de minas, por lo que sólo llegó a medir aquellos pequeños espacios en los que los barí asientan sus casas y algunos pequeños conucos.
Así, se presentaron primero a la comunidad de Aseinkaëg (Río Negro). Esta comunidad perdió a sangre y fuego prácticamente todo su espacio territorial con antiguos colonos y hacendados. Las ancianas se encargan de relatar cómo mataban a sus maridos e hijos, cómo algunos hacendados pagaban por los indios muertos, para lo cual, los verdugos debían presentar el par de orejas de los asesinados. Hoy, la comunidad de Aseinkaëg (Río Negro) sobrevive en apenas tres potreros dentro de una de estas haciendas. Las vías hacia el río, los lugares de captura de las hicoteas y galápagos, así como la montaña para la cacería, todas están vedadas con alcabalas custodiadas por gendarmes contratados por los hacendados, por lo que esta comunidad apenas subsiste de sus pequeños fundos de yuca y plátano y sus jóvenes se ven en la obligación de laborar como peones de las mismas haciendas.
Al llegar la comisión, los miembros de la comunidad exigen medir e incluir como parte de sus territorios parte de algunas de las haciendas, pues, a fin de cuentas tal era su territorio ancestral del que fueron despojados a la fuerza. Pero como hemos dicho, esta vez el gobierno no estaba dispuesto a recibir protestas posteriores al acto demagógico; por eso, los comisionados se negaron tajantemente a atender la solicitud de los indígenas, pues sólo medirían el espacio que ocupaban, es decir, dos de los tres potreros, pues, el tercero, ya había sido ocupado por el hacendado.
Sin embargo, y este sí que es el colmo, los barí de Río Negro les mostraron el título agrario otorgado en 1973 por el Instituto Agrario Nacional sobre la totalidad de los tres potreros. A pesar de ello, los funcionarios les dijeron que ya el hacendado tenía derechos adquiridos y que, por lo demás, ese título del IAN ya no servía pues era de la cuarta república y el que tendría verdadero valor sería el que les diera Chávez en el acto del próximo 12 de octubre. En fin, a la comunidad de Río Negro Chávez le pretende entregar como totalidad de su territorio la dimensión exacta de dos potreros, ni siquiera los tres que ya los adecos les reconocieron del total del territorio que para los años 40 esta comunidad poseía.
Esta misma situación se repitió en la comunidad de Bagkúbarí y pretendieron repetirla en la comunidad de Kumanda, sólo que aquí se les reventó la cuerda. Si Aseinkaëg (Río Negro) habita en dos potreros, Kumanda apenas ocupa el espacio de uno en lo que fue hasta hace muy poco la gran hacienda El Edén. Por tanto, los comisionados llegaron a medir justamente la dimensión del potrero donde están las casas. Pero, fueron tan diligentes con los intereses del tercero (el hacendado), que en la medición dejaban dos de las casas barí fuera de la demarcación, es decir, no sólo medían el pequeño potrero sino que además se los achicaban aún más. La comunidad reventó en cólera y paralizaron la medición.
La protesta de Kumanda llegó a los oídos de los jefes en la ciudad y de inmediato se apersonaron al lugar, no para atender la demanda de la comunidad en cuanto a la exigencia de medir todas las haciendas que les rodean como su territorio ya autodemarcado, sino para tratar de convencerlos con la estratagema de que aceptaran el potrero ahora (Plan A, así lo definieron los bastardos), y que posteriormente se medirían las haciendas y se les otorgaría un nuevo título (Plan B).
Kumanda se negó rotundamente y, no sólo exigió la medición de las haciendas sino que buscó a los hacendados para que directamente y en presencia de la comunidad negociaran con la comisión su salida de los territorios demarcados, previo pago de las bienhechurías, lo que éstos aceptaron. De esta manera, no tuvo otra alternativa la Comisión que hacer el amague de medir, pues, no culminaron la tarea y se retiraron con la promesa de regresar, lo que no hicieron.
En su defecto, una nueva comisión, esta vez apuntalada por el que parecía fungir como abogado de la misma, se presentó en Kumanda para convencer a los barí de aceptar el mencionado Plan A y Plan B; vale decir, quedó claro a los barí que el gobierno no está en la disposición de ejecutar la demarcación de acuerdo a lo que la propia ley dice, que no está dispuesto a sanear las tierras de hacendados y mineros para entregarla a sus legítimos y verdaderos dueños, sino que se trata de lo contrario; es decir, de sanearle de indios las tierras a los hacendados “productivos” y a los mineros.
La protesta de Kumanda se ha esparcido por todo el territorio barí, por lo que ahora se han sumado Karañakaëg, Bagkúbarí, Aseinkaëg entre otras, y la exigencia es una sola: los barí exigen sus territorios limpios de hacendados y mineros. Para ello, exigen que el gobierno mida lo que ya ellos tienen muy bien autodemarcado, establezca los avalúos correspondientes a cada una de las haciendas incluidas en el territorio barí y pague a cada uno de los hacendados y parceleros lo correspondiente a sus bienhechurías. Finalmente, exigen la cancelación y revocatoria de todas las concesiones mineras otorgadas a transnacionales carboníferas, pues, ellos no aceptarán ninguna explotación minera en sus espacios.
El acto demagógico de Chávez fijado para el próximo 12 de octubre en la Sierra de Perijá, sus acólitos han terminado por resolverlo utilizando a algunos barí pertenecientes a la agrupación Asobariven, la que no tiene autoridad sobre las comunidades y, mucho menos, para firmar acuerdos o recibir en su nombre títulos chimbos en los que se les despoja de sus tierras y se violan todos sus derechos. Sin embargo el gobierno parece decidido a realizarlo. Ya veremos. Lo cierto es que, de ser así, el próximo 12 de octubre Chávez escuchará el verdadero grito de lucha de los barí, pues, ya este pueblo decidió tomar el camino que Kumanda ha señalado para todos los pueblos indígenas del país.

http://www.soberania.org/Articulos/articulo_2563.htm

***22.09.06***

III. Lo que está en el fondo
José Ángel Quintero Weir

Mélida, la esposa de Antonio Ashibatri, en el recorrido que hice con Lusbi Portillo. Travesía que jamás, el G2 cubano llegará a creer que no fue intencional seguirle los pasos a los miembros de la Comisión de Demarcación, pero que nos llevó a la comunidad de Bagkúbarí. Allí, mientras los demás conversaban con Lusbi de su experiencia con la Comisión, Mélida me relataba una y otra vez que: cuando llegaron los agrimensores de la Comisión de Demarcación de los territorios indígenas, ella les insistía en que debían pasar a medir la Hacienda conocida como “El Bohío”. El hombre, una y otra vez le decía que eso no podía ser, pues, en esa hacienda se producía mucho queso, mucha leche, mucha carne. Mélida no entendía esas razones y, por eso, insistía: ¡Vayan a medir El Bohío! Y, el hombre que no, que allí se producía mucha leche, mucha carne, mucho queso. Hasta que, cansada de escuchar la misma respuesta –me dice: ¡Ya no aguanté más y cuando me lo volvió a decir, le dí, duro por el pecho.
El hombre, por supuesto, desconocía (y no tenía por qué saberlo), que “El Bohío”, hoy una gran hacienda que, efectivamente, es productora de carne, leche y queso fue, antes que nada, el centro desde el cual partían los territorios de la comunidad de Bagkúbarí. Allí aún pueden localizarse los palos centrales del antiguo “bohío” o Suagkaëg (casa colectiva), de esa comunidad. Allí permanecen, quemados por los antiguos colonos, pero marcando en la memoria de Mélida, Ashibatri, Joaquín Arostomba y todos los que pelearon contra la invasión labaddó (entiéndase: gringos, soldados y criollos; en definitiva: blancos), que tal es territorio de esa comunidad, por tanto, hoy justamente lo reclaman.
Por su parte, Mélida tampoco entendía por qué el perito encargado de la medición sólo atinaba a negarse a entrar a la hacienda El Bohío con el argumento de que allí había: mucho queso, mucha carne, mucha leche. Por eso, hastiada de escuchar la misma respuesta negativa ante lo que considera de natural justicia, Mélida no soportó más y le “dio, fuerte, por el pecho”. Imagino que el golpe fue terrible para el hombre, pues, estas mujeres son capaces de cargar en su espalda unos tres racimos de plátano atados a su cabeza, mientras en el pecho cuelgan sus bebés y, aún, son capaces de cargar en sus manos un manojo de yuca. Vale decir, se trata de mujeres muy, pero muy fuertes.
Pero, lo que tanto Mélida como el perito encargado no sabían es que ambos: la de la exigencia y el de la negativa, se estaban soportando en cosmovisiones radicalmente diferentes. Para Mélida se trataba de la recuperación del espacio territorial perdido sólo después de una guerra en la que la gente de Bagkúbarí se encontraba en absoluta desventaja; luego del asesinato indiscriminado y masivo de sus parientes y aliados. Para el agrimensor, se trataba de defender los “derechos” asumidos por el Estado y, en consecuencia, la defensa de los “derechos” del actual hacendado, cuya “productividad” es la marca definida por el mismo Estado como único baremo para el actual proceso de demarcación y, que él debía, a toda costa, proteger. En otras palabras, Mélida pensaba en la defensa de sus conucos de yuca y plátano para el consumo de la comunidad. El agrimensor pensaba en la defensa del consumo nacional y, por ende, del mercado. Mélida pensaba en la economía de subsistencia. El agrimensor, en la economía de la oferta y la demanda: en el capitalismo. He allí el debate real.
Lo que nunca han querido reconocer (tramposamente) intelectuales “pagados” por la “revolución” chavista (léase: José Saramago, Eduardo Galeano y el más espectacular por idiota: Heinz Dietrich) es que, el dedo sobre la llaga de la supuesta revolución no lo está hundiendo George Bush, pues, sólo basta mirar las estadísticas que el propio gobierno públicamente ofrece para percatarse de cómo ha crecido en los últimos ocho años el intercambio comercial entre Venezuela y los Estados Unidos en el que, por supuesto, el superavit no se lo lleva, precisamente, Venezuela. Basta con releer un tantito los periódicos oficialistas o “escuálidos” para precisar, cómo en medio de los ataques a Afganistán e Irak la “revolución”, por boca de su jefe, lamentaba la muerte de niños afganos e irakíes pero, por boca del ministro petrolero y presidente de la petrolera nacional (PDVSA), se garantizaba el suministro petrolero diario a los Estados Unidos.
Por otro lado, la encrucijada de la llamada “revolución” chavista no se encuentra en la posibilidad de que la “oposición” sea capaz de aglutinarse alrededor de un candidato único que le dispute a Chávez la silla presidencial y, mucho menos, en la cacareada e “inminente confrontación” con el imperio norteamericano con George Bush a la cabeza, leyenda cansadamente proclamada por “el líder”.
En verdad, la real encrucijada de la “revolución “ chavista la están marcando desde hace rato, los pueblos y comunidades indígenas y las comunidades pobres oriundas del campo venezolano hoy presentes en las barriadas más pobres de las principales ciudades de la república. Y esto es así, por cuanto se trata de poblaciones humanas culturalmente diferentes, organizadas a partir de principios que terminan confrontados, tanto con el liberal capitalismo, como con el denominado socialismo, sea éste etiquetado como “socialismo real” o, el inventado por Chávez: “socialismo del siglo XXI”. En todo caso, se trata de la confrontación de dos modos civilizatorios y societarios radicalmente contrapuestos y, que en estos momentos, entran en rigurosa batalla: los unos por su sobrevivencia; los otros, por su hegemonía.
La negación a cumplir con la autodemarcación realizada por las comunidades indígenas y, en la que evidencian la historia del despojo territorial del que han sido víctimas, so pretexto de que ya en tales espacios se encuentran asentadas haciendas “productivas” o, se localizan lotes de minas entregadas (sin consulta previa a las comunidades afectas) a transnacionales, pone en evidencia el verdadero carácter capitalista, globalizador y neoliberal del gobierno pretendida y autoproclamado como “revolucionario” y “socialista”.
Cuando Mélida reclama para su comunidad los derechos sobre la ahora llamada hacienda “El Bohío” lo hace desde su perspectiva de visión según la cual, tal es el punto de origen de la comunidad. El espacio que los define histórica y ancestralmente como barí y como comunidad. Por su mente no pasan las toneladas de carne, litros de leche o guacales de queso que el personero gubernamental defiende; por el contrario, ella piensa en la historia que hizo posible su particular historia: la casa comunitaria, el suagkaëg; por tanto, su rabia traducida en el golpe al pecho del agrimensor es manifestación de la impotencia en hacerse comprender, en la imposibilidad de hacer comprender al funcionario del gobierno y al gobierno mismo que, lo que los barí exigen es, respeto al derecho a ser autónomos, a su dignidad y a la libertad de ser, ahora y para siempre, barí. Sin embargo, la decisión del gobierno parece estar tomada y, nada tiene que ver con las aspiraciones de Mélida o el resto de los barí y pueblos indígenas de Venezuela.
Por otro lado, lo que el gobierno no dice (y el agrimensor tampoco tiene por qué saberlo), es que casi el 80% del subsuelo del territorio barí contiene las principales minas de carbón y, que a sus espaldas, ya han sido otorgadas en concesión a transnacionales norteamericanas, chilenas, brasileñas y surafricanas; en la continuidad de una política neo-colonial que ha terminado por definirnos como una especie de campo minero-extractivo, a pesar de que, está demostrado, tal política destruye nuestras posibilidades futuras de agua, producción agropecuaria, soberanía alimentaria y, en fin, de vida. Pero, en su defecto, y este parece ser el pensamiento sobre el que se sustenta la “revolución” chavista, produce dólares inmediatos, susceptibles de entrar en circulación bajo supuestos programas sociales o, mejor dicho, bajo programas populistas que profundizan la dependencia de las comunidades del Estado y por esa misma vía de las transnacionales.
De tal manera que lo que en estos momentos se está planteando, no es la confrontación electoral entre la opción continuista, hegemónica y autoritaria de Chávez contra la oposición derechista, cuarta-republicana e imperialista de Manuel Rosales, no. En verdad, el debate subterráneo, ocultado tanto por el gobierno como por la oposición partidista, es el que plantean las comunidades indígenas venezolanas en la lucha por sus territorios. Pues, lo que éstas están poniendo sobre la mesa de las definiciones no es sólo su derecho a un espacio geográfico donde sustentar sus vidas, sino fundamentalmente, una manera de entender la vida del mundo y con él la futura vida de la sociedad, de nuestra sociedad.
Así, mientras los gobiernos (aún el de la llamada “revolución” bolivariana) piensan en términos del mercado mundial, la productividad, las exportación de materias primas en bruto, la captación de inversiones transnacionales, etcétera, en función de un mítico “crecimiento económico” entendido como única vía para salir de la pobreza, las comunidades; en cambio, defienden a muerte sus espacios en virtud de su autonomía de producción, su soberanía agroalimentaria; es decir, la continuidad de sus economías de subsistencia. Pero, sobre todo, la posibilidad de sostener sus formas de convivencia en consonancia con lo que ha constituido por siempre sus respectivas cosmovisiones.
En fin de cuentas, se trata de que los Barí de la Sierra de Perijá han colocado en el disparadero a la “revolución” chavista y alos supuestos “revolucionarios” que la dirigen. Para Chávez el enemigo no es Manuel Rosales, ni Carlos Ortega ni mucho menos George Bush. Para Chávez el verdadero enemigo, el que en verdad le quita el sueño pues lo deslengua de manera definitiva y contundente es Mélida, Antonio Ashibatri, Joaquín Arostomba, Ignacio de Kumanda, María Askambio y todos los barí que, no sólo están dispuestos a morir por sus tierras, sino por hacer posible un país en el que se respete la pluralidad de naciones y, por tanto, de pluralidad de economías que lo conforman.
Es eso lo que está en el fondo del debate por la demarcación de los territorios indígenas. Verlo de otra manera o, no entender que de eso se trata, nos aleja del verdadero objetivo estratégico de la lucha la que Mélida, con su insistencia y su rabia, ha intentado enseñarnos, no sólo como su único e irrenunciable camino, sino como nuestra propia posibilidad de sobrevivencia.

http://www.soberania.org/Articulos/articulo_2568.htm

***18.09.06***

En la ONU denunciaremos al Estado venezolano
Fernando Olivares Méndez

El antropólogo Lubis Portillo continúa su lucha por la preservación de los derechos de las comunidades indígenas que hacen vida en la Sierra de Perijá, medio ambiente que hoy se encuentra amenazado por las empresas trasnacionales del carbón, cada día más voraces y ansiosas por llenarse las alforjas de dólares a costa de la destrucción de nuestros ancestros y su milenario hábitat.

Lusbi Portillo advierte: Comunidades indígenas del Zulia están “condenadas a muerte”

La cita es en la bulliciosa y legendaria plaza Bolívar de Caracas, que por décadas ha sido el sitio por excelencia para el encuentro de los caraqueños de todos los sectores. Políticos, periodistas, cronistas, historiadores, el ciudadano común, han hecho del histórico lugar, su mejor punto de referencia.

En esta mañana calurosa del 12 se septiembre, la plaza se encuentra saturada de gente; prácticamente tomada por militantes del chavismo que acuden a un acto organizado por el novel canciller Nicolás Maduro en solidaridad con “los cinco héroes cubanos detenidos en Estados Unidos”. El otro evento es organizado para dar cabida a las comunidades indígenas del estado Zulia, representados por el antr